El próximo lunes 8 de enero tendrá lugar, a las 11.00 horas en la Biblioteca del Colegio (C/ Serrano, 9), la toma de posesión de José María Alonso como nuevo decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de su Junta de Gobierno.

En comparación con las cifras interanuales registradas en 2016, analizando los datos de la OEPM hasta el mes de noviembre de 2017, se prevé finalizar el año con un descenso del 16,5% del volumen de solicitud de Patentes Nacionales.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el diseño del nuevo plan de especialización de juzgados en materia de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física que entrará en vigor el próximo 1 de enero, con una vigencia de seis meses.

El número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles en el tercer trimestre del año fue de 1.329.913, lo que representa un incremento del 2,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2016, según el informe “Situación de los órganos judiciales” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El pasado miércoles 13 de diciembre se celebró la ceremonia de entrega de premios del hackathon #HackTheJustice, organizado por el Instituto de Innovación Legal en el Palacio de Parcent. Además de ganadores y autoridades, asistieron también al acto los miembros del jurado y los patrocinadores del programa.

El rey ha presidido este viernes en la Universidad de Salamanca el acto de presentación del Diccionario panhispánico del español jurídico, elaborado gracias a la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española (RAE) y con el que –como señala en el prólogo de la obra el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes- se tiende “un nuevo puente entre los países iberoamericanos”.

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. Esta Estrategia da continuidad a la aprobada para el período 2014-2016, que supuso un importante cambio en la coordinación de las políticas activas de empleo que gestionan las Comunidades Autónomas.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, subrayó ayer el compromiso de España con la Cumbre Judicial Iberoamericana, la organización que desde 1990 coordina la relación entre los Poderes Judiciales de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, aglutinando en un solo foro a los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, presidió ayer el XIX Consejo del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) en el que su director, Israel Pastor, ha hecho balance de la formación impartida en 2017 de la que se han beneficiado 7.558 profesionales de la Administración de Justicia, cerca de un 4% más que en 2016. Esta cifra incluye los programas de formación inicial, continua, en línea, internacional y de policía judicial.

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año fue de 11.581, lo que supone una disminución interanual del 4,7 por ciento, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El Congreso de los Diputados decide el martes si inicia la tramitación de la reforma legal para dotar a los animales de un estatuto jurídico diferente al de los bienes.

El Consejo de Ministros ha aprobado, en su última reunión, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite, ayer, varios recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Presidente del Gobierno de España.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España por inacción al no haber aprobado, tras superar todos los plazos legales, el Reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.