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María Luisa Carcedo: “El Derecho debe hacer posible la inclusión”

Redacción.

6 de febrero de 2019.

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha señalado este miércoles que “el Derecho debe regularse para hacer posible la inclusión de las personas con discapacidad y garantizar que tengan las mismas oportunidades,” porque “una sociedad decente no puede dejar atrás a nadie”.

Carcedo ha hecho estas declaraciones durante la apertura del II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se celebra en Pamplona del 6 al 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, y que ha sido organizado por el CERMI Estatal, La Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra. El evento cuenta con la asistencia técnica de Fundación Koine-aequalitas y la colaboración del Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona, Garrigues, Thomson Reuters, el CERMIN y la Asociación Eunate.

“El Gobierno está dando mucho trabajo al movimiento de la discapacidad en materia de derechos, pero el trabajo verdaderamente importante es el que realizáis con iniciativas como este congreso, que consiste en contribuir en aportar buenas ideas y estrategias que desde los poderes públicos tenemos la responsabilidad de poner en práctica”, ha afirmado la ministra, quien ha enumerado algunas de las medidas que se han puesto en marcha en los últimos meses para avanzar hacia la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Además, ha expresado su deseo de que España “supere y con nota” el segundo examen al que el Estado va a ser sometido en marzo de este año por la ONU sobre el grado de cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Aspiramos a hacer historia en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, ha añadido Carcedo, que ha subrayado la importancia del diálogo y el consenso que están presentes en las políticas sobre discapacidad.

Foto1. Mesa inaugural

Situación en Navarra

Por su parte, el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha destacado la importancia de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y ha puesto el foco en la evolución que ha tenido el concepto de discapacidad tanto a nivel social como en las políticas públicas.

Respecto a la situación específica en la Comunidad Foral, ha explicado que “Navarra cuenta con 33.000 personas con un grado igual o superior al 33%, y para 2030 se espera que esta cifra aumente en unas 4.000 o 5.000 personas más”. Además, ha enumerado algunas de las principales medidas que se han puesto en marcha en el territorio, como la Ley de Conciertos Sociales; la Cartera de Servicios Sociales en proceso de aprobación; medidas de atención sanitaria y en el sistema educativo, y el plan de Discapacidad de Navarra, centrado en ámbitos como la inclusión, la autonomía personal y la accesibilidad universal, entre otros puntos.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Aritz Romeo, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Pamplona acoja este congreso y ha apuntado la “necesidad de hacer autocrítica” para seguir mejorando las políticas sobre discapacidad. Igualmente, ha indicado que el parámetro de la accesibilidad es esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales”.

El presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha señalado que, pese a que “históricamente el Derecho no ha sido especialmente benigno ni benevolente con las personas con discapacidad”, desde el movimiento de la discapacidad no se ha caído en la resignación, “porque el Derecho puede y debe ser una herramienta al servicio de la inclusión de las personas con discapacidad”.

Pérez Bueno ha detallado algunas de las medidas positivas que se han impulsado junto al Gobierno en materia de discapacidad, como la devolución del derecho al voto de casi 100.000 personas con discapacidad privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo, o la puesta en marcha de una reforma del Código Civil para pasar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica a otro fundamentado en el apoyo en la toma de decisiones cuando sea preciso.

Asimismo, se ha detenido en los trabajos iniciados para reformar la Constitución, “algo que no se trata de una reforma solo terminológica, sino integral, que refuerce la protección de los derechos de las personas con discapacidad”.

Tras la mesa inaugural, ha tenido lugar una ponencia impartida por videoconferencia a cargo de la enviada especial de la ONU sobre Discapacidad y accesibilidad, María Soledad Cisternas, quien ha puesto en valor la importancia de la Convención Internacional de la Discapacidad de Naciones Unidas, aunque ha advertido de que, pese a los avances, todavía existen muchos incumplimientos en materia de discapacidad en los Estados parte de este tratado.

Por último, ha hecho hincapié en los principios esenciales de la Convención de que “nada para las personas con discapacidad sin contar con las personas con discapacidad” y de que “no se debe dejar a nadie atrás”. “El principio de una democracia se cierra teniendo en cuenta los parámetros de estas ideas fuerza”, ha zanjado.

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