Redacción.
8 de noviembre de 2018.
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, ha intervenido hoy en el primer Foro Justicia organizado por el ICAM, un nuevo espacio de debate jurídico que “aúna a todas las instituciones implicadas en la mejora de la justicia y en hacer que sea más cercana a los ciudadanos”.
Durante su intervención, el magistrado ha analizado los problemas de la Administración de Justicia, partiendo de la necesidad del Derecho y la Ley para que la sociedad funcione mejor: “nadie lo ha cristalizado mejor que nuestra Constitución”, ha defendido. Por eso, Navarro ha conminado a reivindicar y proteger la Justicia, no sólo desde los operadores jurídicos, sino desde toda la sociedad civil, de forma análoga a como se hace con “la libertad, igualdad, o el pluralismo político, porque la justicia es la única manera de tener un Estado democrático de Derecho”.
En este sentido, el presidente de la Audiencia Nacional ha reivindicado que “los jueces defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos y hacen que tengamos una sociedad mejor”, recordando que están obligados a “no admitir presiones en ningún caso” tal y como les impone el cargo y el art. 117 de la Constitución. No obstante, considera recomendable “mejorar los mecanismos de protección para garantizar la acción judicial sin ninguna cortapisa”.
Males diagnosticados
A lo largo de su ponencia, Navarro ha desgranado las deficiencias del sistema y las modificaciones necesarias para lograr una justicia efectiva, identificando como “males diagnosticados la ralentización de la justicia, la hiperactividad de los juzgados, y su imagen politizada”. En cuanto a las mejoras, además de reformas legislativas, Navarro ha apuntado la necesidad de “racionalizar los medios económicos y la organización y coordinación del sistema judicial”, recordando que cuando se destinan presupuestos a Justicia “no se trata de un gasto, sino de una inversión que repercute directamente en la sociedad y la calidad democrática del Estado”.
El responsable de la AN también ha defendido la centralización: “necesitamos una nueva planta judicial, sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia, hay que racionalizar los edificios judiciales. Nuestros Juzgados soportan un nivel de litigiosidad por encima del resto de países de nuestro entorno”, ha declarado.
En concreto, sobre el orden penal, al que se destina “cerca del 80% del presupuesto”, el magistrado se ha mostrado crítico con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, pese a las múltiples reformas acometidas, sigue siendo una norma “a caballo de tres siglos, difícilmente sostenible, y cuyos preceptos en algunos casos hacen tremendamente complicada su interpretación o han quedado prácticamente derogados”. También ha defendido la figura del fiscal instructor y que el juez sea de garantías: “hay que dar un paso definitivo en el proceso penal, España se está quedando atrás”, ha sostenido.
Independencia objetiva
Para paliar las dificultades que en la actualidad atraviesa el sistema judicial y la pérdida de confianza de la ciudadanía, especialmente en la judicatura, Navarro ha propuesto eliminar las cuotas y buscar el consenso político en la elección de los jueces, “se opte por el sistema que se opte, que ningún juez pueda aparecer con un sello de un partido político”. En el mismo sentido, y aunque “la independencia de la Fiscalía es incuestionable”, el magistrado ha recalcado la necesidad de que la ciudadanía lo perciba así: “conviene que ante la sociedad se refuerce su imagen de autonomía para dotarla de una independencia objetiva”.
Finalmente, interpelado por la convocatoria de huelga de jueces y fiscales prevista para el próximo 19, Navarro se ha mostrado confiado en que se logre un acuerdo: “espero que el Ministerio encuentre un punto de diálogo y se pueda llegar, al menos, a un principio de acuerdo para mejorar muchas cosas necesarias. A nadie le gusta la huelga, si se llega a ella será porque no hay otra salida”, ha concluido.
