Redacción.
9 de agosto de 2018.
La Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles (Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils) ha decidido ampliar la querella por “prevaricación continuada” que presentó el pasado 27 de abril contra el presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y contra veinte magistrados de la Audiencia Nacional y del CGPJ. Ahora, este colectivo de abogados denuncia el nombramiento por parte del CGPJ de Carmen Lamela como nueva magistrada de la Sala Segunda del TS, al considerar que no tiene méritos ni capacidades acreditadas para el cargo, y la asignación “fraudulenta” de una plaza como fiscal para Sofía Marchena, hija del magistrado del TC, Manuel Marchena, por parte de la Comisión Permanente del CGPJ con la “colaboración necesaria” de la directora de la Escuela Judicial, la magistrada Gema Espinosa. Así, la querella se amplía contra los 21 miembros del CGPJ, contra los 8 miembros de la Comisión Permanente del CGPJ, contra la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, y contra la alumna Sofía Marchena.
En cuanto al caso de Carmen Lamela, la querella resalta que en el comunicado oficial del Pleno del CGPJ donde se anunció su designación como nueva magistrada de la Sala Segunda del TS omite su tarea en la Causa Especial relativa a la “persecución y decreto de prisión provisional de los políticos catalanes favorables a la independencia”. Lamela, que era la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, emitió las órdenes europeas de detención contra los investigados. “En relación a estos actos jurisdiccionales”, apunta la querella, “ha sido corregida” tanto por el propio TS como por el instructor nombrado por el TS en relación a la “falta de competencia para la instrucción de la causa” y la “incorrecta emisión de la euroórdenes que fueron retiradas a todos los efectos”. Por estos motivos, la Asociación Atenas considera que Lamela “parece no tener la calidad jurídica suficiente para llevar a cabo tan solo las tareas de instrucción de causas complejas”. En este sentido, la querella denuncia que Lamela tiene “menos capacidad y méritos” que varios de los magistrados y magistradas candidatos para el mismo cargo al TS, que son “de probada y acreditada experiencia”, y denuncia poca transparencia en el proceso de nombramiento, ya que no se ha publicado una “comparación de méritos entre los dieciocho aspirantes”.
La querella también recuerda que, durante dos años (de 2009 a 2011), Lamela fue asesora de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia del Gobierno del Partido Popular. Este hecho “acredita suficientemente”, según la Asociación Atenas, “la relación de la magistrada Lamela con los intereses políticos” del que fue el partido del Gobierno de España hasta hace pocas semanas. En esta misma línea, se denuncia que “una parte significativa y mayoritaria” de los miembros del CGPJ “han sido promovidos y elegidos” por el PP. Este hecho constata para los querellantes que “hay falta de imparcialidad y de independencia del poder judicial en sus más altas instancias”, tal como han denunciado varios informes del Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción y el Crimen Organizado (GRECO) del Consejo de Europa.
En cuanto al caso de Sofía Marchena, que es hija del presidente de la Sala Segunda del TS, Manuel Marchena, la querella destaca que esta alumna aprobó las oposiciones a la carrera judicial y tuvo que elegir entre formarse como jueza en la Escuela Judicial de Barcelona o como fiscal en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid. Marchena optó por la primera opción, que no tiene marcha atrás, pero al poco tiempo de iniciarse el curso tuvo que dejarlo por una larga enfermedad. Un año después, en vez de reincorporarse a la Escuela Judicial para formarse como juez, lo hizo en el Centro de Estudios Jurídicos para formarse como fiscal. Esta reasignación fue posible gracias a una decisión “sin precedentes” de la Comisión Permanente del CGPJ, que, en contra de lo que está “legalmente previsto”, adoptó un acuerdo para suspender la alumna como funcionaria en prácticas en la Escuela Judicial y otorgarle una plaza de fiscal “creada sólo para ella y que se suma a las 35 plazas ya creadas”. Así, se le asignó a Marchena una nota inferior (52,31) en la que había obtenido en las oposiciones (68’20) para situarla justo por debajo del último alumno de los 35 admitidos y “no perjudicar a nadie” en una decisión que no ha quedado justificada por el CGPJ.
La querella resalta que esta “actuación irregular habría sido inducida” por la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, que es quien planteó la cuestión sobre la estudiante a la Comisión Permanente y firmó la correspondiente propuesta de resolución en favor de Sofía Marchena. Asimismo, se recuerda que Espinosa es la esposa de Pablo Llarena, otro magistrado de la Sala Segunda del TS presidida por Manuel Marchena, padre de la alumna.
La ampliación de la querella, que ha sido firmada por el jurista Elpidio José Silva, ha sido presentada esta semana en la Sala Segunda del TS por el procurador Federico Ortiz-Cañavate en nombre de la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles.
