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Catalá señala la seguridad jurídica como motor del crecimiento económico

Redacción.

El ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, advirtió ayer durante su intervención en el desayuno informativo Fórum Europa Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, de la fuerza de la ley para proporcionar certidumbre al crecimiento económico.

Catalá ha destacado el funcionamiento con total libertad, independencia y autonomía de jueces y fiscales en su labor de velar por el cumplimiento de las leyes y las reglas del Estado de derecho, así como el apoyo unánime de la Unión Europea y la comunidad internacional.

Durante su intervención, el ministro ha resaltado la necesidad de actuar de forma decidida en la pendiente reforma estructural de la Justicia española, partiendo de la base del acuerdo parlamentario encarnado en la Estrategia Nacional de Justicia, cuyos trabajos en el Congreso de los Diputados han comenzado este mismo año. Para conseguir ese objetivo, ha resaltado la importante participación activa y enriquecedora de todos los colectivos y profesionales del mundo jurídico.

Además, Catalá ha destacado la necesidad de dotar a los profesionales de mejores medios. En ese sentido, ha recordado que el presupuesto de su departamento se ha incrementado este ejercicio en un 7,7%.

Entre las líneas de trabajo en las que ha incidido están las reformas en el proceso penal, encaminadas a buscar mayor eficiencia en la persecución del delito con el encargo de la investigación al Ministerio Fiscal y en el proceso civil, para agilizar los trámites y conseguir un servicio más rápido. Asimismo, completar el desafío de una transformación digital completa de la Justicia, para lo que se debe seguir el camino trazado con la proliferación de comunicaciones electrónicas que ya han alcanzado los 150 millones y trabajar por la implantación de un sistema de gestión procesal común en todas las comunidades autónomas. Además, el ministro apuesta por aplicarse para que la Justicia se perciba como el servicio independiente y profesional que en realidad es, situarlo en sintonía de la realidad social, cuidando y protegiendo a los sectores más vulnerables y contribuyendo a la plena seguridad jurídica como palanca del crecimiento económico y el progreso social.

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