Por A. Salvador.
Barcelona.
Hoy entrevistamos a Carles McGragh, Presidente del Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) y Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Girona.
Querría empezar esta entrevista hablante de los mandatos del Consejo. Estos son, únicamente, de un año. ¿No resultan cortos para llevar a cabo todos los proyectos planteados durante el mandato de un presidente?
Posiblemente son cortos. Pero, es una cuestión que viene de muy atrás y creo que todos los miembros del Consejo tienen y tienen que tener la posibilidad de aportar su visión. Si cada cual de nosotros tuviéramos una idea única y unidireccional y no contáramos, también, con los otros, pues si, sería muy corto. Pero, nuestro sistema de mandatos es como una rueda. Yo he continuado con proyectos del antiguo presidente y aquel que me suceda, así lo hará con los míos. Los miembros del Consejo remamos siempre juntos, hablamos y debatimos sobre todos los proyectos hasta llegar al consenso.
¿No se ha planteado nunca alargar el mandato a cuatro años como, por ejemplo, en el Consejo General de la Abogacía Española?
Se había planteado hace tiempo, cuando yo todavía no formaba parte del Consejo. Se planteó que fuera Presidente del Consejo un ex-decano que estuviera más retirado del ejercicio y que aquel fuera el Presidente. Pero, no creo que gustara tal idea, porque todos los decanos tienen interés en trabajar por y para el Consejo y a través de éste impulsar bastantes proyectos. El debate a día de hoy no continúa presente dado que el sistema de mandatos anuales resulta adecuado y efectivo.
¿Porque han de ser los decanos quienes escogen al Presidente y no los colegiados de cada uno de los colegios de abogados que son representados en este Consejo?
El primer problema que tendríamos que afrontar es el hecho de convocar elecciones anuales. Los colegiados ya han escogido a su decano y este decano es quien escoge a su presidente. Por lo tanto, sería todavía mucho más democrático. Pero, hacerlo cada año sería imposible, aunque hacerlo cada cuatro años sí que sería viable.
No obstante, has de tener en cuenta que el Consejo representa la unión de los 14 colegios de abogados catalanes, que a su vez representan a todos sus respectivos colegiados. Por contraposición, piensa que en el CGAE, aunque el Presidente es escogido cada cuatro años, este tampoco está elegido por los colegiados, sino por los decanos. Lo contrario sería bastante difícil de llevarlo a cabo.
Durante el acto de su nombramiento como Presidente del CICAC, uno de los temas que remarcó fue la necesidad de llegar a un Pacto por la Justicia. ¿Cree que a corto plazo será posible?
A corto plazo no. Pero, es un tema que si no consigo durante este mandato, aquellos que me sucedan lo conseguirán. No puede haber una Justicia sin que los abogados estén presentes. No es suficiente con que estén presentes los jueces, los fiscales… Nosotros conocemos cuales son realmente los problemas de los ciudadanos, dado que son estos los que nos vienen a explicar sus problemas. Sabemos y conocemos las necesidades del territorio y de sus ciudadanos y por lo tanto, nosotros, los abogados, somos una herramienta esencial para la Justicia. Queremos que cuenten con nosotros para cualquier ley, reglamento, proyecto, etc…
¿Ve al actual Ministro Rafael Catalá más predispuesto a llegar a un Pacto por la Justicia que su antecesor?
Más que el anterior, sí. Gallardón era una persona totalmente cerrada. Sustituirlo, por poco que se haga, se puede hacer mejor. Nosotros lo intentaremos desde Cataluña y, esto, lo traeremos también en el CGAE.
¿Y respecto al Consejero Mundó?
Nuestro Consejero de Justicia es una persona abierta, que está siempre junto a los colegios y que, además, es abogado. Conoce y sabe de los problemas contra los que lucha la abogacía institucional y está a nuestro lado, porque sabe que con ello puede ayudar a contribuir a mejorar la Justicia.
¿Qué otros proyectos quiere que caractericen su mandato al frente del Consejo?
Yo siempre he sido un firme defensor de los Derechos Humanos, que parece que sea algo que tiene que quedar como apartado. Y creo que no, tenemos que estar en esta lucha en todo momento; en la crisis de los refugiados, problemas de vivienda, de pobreza energética, de tráfico de personas… Hay un retroceso importante en el ideario y la ideología progresista. Cada vez el mundo está yendo en dirección a un conservadurismo que va hacia una limitación de los derechos fundamentales de las personas. Si no estamos aquí para denunciarlo, mal vamos. Hay compañeros que pueden pensar que esto para ellos no es nada práctico; yo creo que una injusticia o una vulneración de derechos fundamentales que suceda a 400 o 4.000 kilómetros, también, al final, me afectará a mí. Si queremos una abogacía moderna, sería, buena y rigurosa, no podemos dejar de lado los Derechos Humanos.
¿Qué actos concretos realizará el Consejo de la Abogacía para defender los Derechos Humanos?
Antes que nada, he de decir que ya los estamos haciendo. Desde un Premio Valores donde premiamos a aquellas personas que luchan por los Derechos Humanos y demuestran unos valores que deberían ser comunes a toda nuestra sociedad; desde organizar cada año un congreso de Derechos Humanos. Por otro lado, ahora hace unos pocos días nos reunimos con la Agencia Catalana de Cooperación para cooperar con el refugio de algunas personas en persecución; entre otras organizaciones, trabajamos y cooperamos también con Amnistía Internacional. La Abogacía Catalana no desfallecerá en la defensa de los Derechos Humanos.
¿Cuál es su valoración del acuerdo del Consejo con el Departamento de Justicia sobre el pago de 14 euros extras a los abogados del Turno de Oficio que presenten sus escritos en catalán? ¿Es el enfoque correcto para propiciar el uso del catalán en la justicia?
Si supiéramos el enfoque correcto para propiciar el uso del catalán en la Justicia, seriamos realmente afortunados. Es una cuestión que sugirió Justicia y nosotros nos adherimos. Evidentemente, creo que es una lástima que tengamos de incentivar económicamente el uso del catalán; el catalán ha de ser una cosa de convencimiento, de ideología, de respeto, de voluntad de querer ser catalán y hablar en catalán. Entiendo que ha empezarse por un lado y, así, se ha empezado por el turno de oficio.
Los abogados tenemos que empezar una autocrítica de porque no utilizamos el catalán en la justicia. La justicia es un ecosistema castellanizado, nos han traído una justicia desde fuera, una justicia en nombre del rey. Cuando un abogado catalán que ha estudiado siempre en catalán entra a ejercer en el ámbito de la Administración de Justicia se encuentra en frente de un ecosistema adverso que prioriza el castellano. Tenemos que ser muy luchadores si queremos que el catalán sobreviva como lengua de uso en el ámbito de la Justicia.
¿Y qué opina sobre la sentencia del TSJC que declara que la adhesión del CICAC al Pacto por el Derecho a Decidir vulnera derechos fundamentales?
Opino que es contradictoria. Nosotros no estamos vulnerando un derecho fundamental, todo lo contrario, estamos defendiendo un derecho fundamental que es el derecho a decidir, el derecho a opinar, el derecho a asociarse… Nos están impidiendo que ejerzamos un derecho fundamental; están confundiendo que nosotros defendamos el derecho a decidir respecto a apoyar el derecho a la independencia. Dentro del Consejo no somos nadie para decir que tiene que votar cada uno de los colegiados, pero, sí que somos suficientemente demócratas, suficientemente abogados para defender el derecho fundamental a decidir y por lo tanto, impugnaremos esta sentencia por los medios legales pertinentes, porque entendemos que ellos sí que están conculcando un derecho fundamental.
¿Considera que es una sentencia politizada?
Si, considero que es una sentencia politizada como otras muchas que se están dictando.
