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“La lucha contra la corrupción no tendrá éxito si no se exige responsabilidad penal a las empresas”

Redacción.

El trabajo ‘Compliance Programs y DPA (Data Protection Act): una nueva etapa en el camino hacia un ‘derecho anticorrupción’ sin fronteras’, firmado por los magistrados María de los Ángeles Villegas y Miguel Ángel Encinar, ha resultado vencedor de la décima edición del Premio José María Cervelló de Derecho de los Negocios, que, convocado por la IE Law School con la colaboración del despacho Ontier, este año invitaba al mundo jurídico a una reflexión sobre el compliance empresarial, sus principios, su incidencia en la prevención de la corrupción y la eficiencia competitiva, con especial atención a la relación mercantil entre Europa y Estados Unidos.

El ex Fiscal General del Estado, Of counsel de Garrigues y presidente del Jurado de la X Edición del Premio José María Cervelló, Eduardo Torres Dulce, ha destacado, en un Encuentro Informativo celebrado en Servimedia, la forma en que el trabajo premiado ha abordado los tres vectores fundamentales relacionados con las políticas de compliance: su relevancia creciente en el Gobierno Corporativo, la dimensión de la prevención como remedio a las situaciones de corrupción y la mirada horizontal entre los mercados de la UE y Estados Unidos.

Foto de Familia

“Lo que más nos ha llamado la atención”, ha glosado el presidente del Jurado del X Premio José María Cervelló, “ha sido la extraordinaria precisión de los conceptos que han manejado los autores, la claridad expositiva y la adecuada utilización del lenguaje, que está muy bien documentado, muy bien soportado jurídicamente y, finalmente, que se trataba de un ensayo jurídico que ofrecía perspectivas de proyección, ya que abre la puerta a investigaciones posteriores”. 

El titular de la Cátedra José María Cervelló, Adolfo Menéndez, ha resaltado también el alineamiento de la filosofía del trabajo premiado con la figura del prestigioso jurista que da nombre al premio. “El trabajo conecta con el trabajo que José María Cervelló desarrolló en el Instituto de Empresa intentando realizar una aproximación práctica al derecho de empresa, pero sin abandonar una concepción teórica”.

La globalización de la lucha contra la corrupción

“Lo que hemos intentado con nuestro trabajo ha sido poner de manifiesto la idea de la globalización de la lucha contra las actividades ilícitas y contra la corrupción y por ello hemos intentado ver que se está haciendo fuera de nuestras fronteras para luchar contra la corrupción”, ha explicado Mari Ángeles Villegas, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con 16 años de experiencia en la carrera judicial y coautora del ensayo premiado.

La reforma del Código Penal de 2010 introdujo en el ordenamiento jurídico español la figura de la responsabilidad penal de las empresas, un concepto que ya operaba en los países anglosajones desde años atrás, e importó el principio del ‘compliance’ o cumplimiento normativo, que exige a las empresas y a sus administradores un comportamiento proactivo a la hora de definir modelos de  funcionamiento y estrategias orientadas a evitar la aparición de casos de corrupción en su operativa cotidiana.

Un concepto que, en opinión de Villegas, es un buen instrumento a la hora de generar “una nueva cultura empresarial, nuevos ciudadanos corporativos, que sean conscientes de que tienen que cumplir con la sociedad”, aunque ello les genere alguna obligación más. “La lucha contra la corrupción no tendrá éxito si no se exige la responsabilidad penal de las empresas”, ha afirmado.

“Es importante que las empresas entiendan el ‘compliance’ no como un foco de burocracia y de complicación interna, sino como algo que incluso revertirá en su mejor eficiencia”, ha terciado Eduardo Torres Dulce.

Para ello deben adoptar una perspectiva global. “Una empresa española con intereses en diversos países debe saber que no bastará con cumplir los criterios establecidos en el ordenamiento español, sino que deberá cumplir las legislaciones propias de los países en los opere porque le puede suceder perfectamente que se le aplique el régimen de compliance de cualquier otro lugar del mundo”, ha advertido Miguel Ángel Encinar, también magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y coautor del ensayo.

Encinar también ha avisado sobre la tentación de entender el ‘compliance’ como un requisito burocrático a cumplir. “El ‘compliance’ no es una póliza o un sello que se pone en un papel y exime de responsabilidad penal. Lleva asociada la realización de un adecuado análisis de riesgos, un desarrollo, hay que explicárselo a los trabajadores, a los proveedores de la empresa…”

Los juristas reunidos por Servimedia han coincidido en que el esfuerzo merece la pena y no sólo porque entienden que ese control de la corrupción revertirá en una mayor eficacia en el funcionamiento de la empresa y en una reducción de su riesgo reputacional, sino también porque les evitará problemas. “Con el nuevo principio de la responsabilidad penal de las empresas, ¿siempre deberá ser castigada la empresa si se descubre que ha cometido un delito? No, si tiene un sistema de ‘compliance’ adecuado”, ha subrayado Miguel Ángel Encinar.

¿Hacia un derecho global?

Como fondo el debate la incertidumbre sobre si se puede afrontar un fenómeno global como son las relaciones mercantiles y económicas de las empresas con herramientas jurídicas nacionales. “Hace falta un derecho global para regular estas cuestiones porque estamos tratando un fenómeno que tiene una dimensión internacional con los derechos nacionales”, ha apuntado Adolfo Menéndez.

Para los autores del estudio ese movimiento, en realidad, ya se ha iniciado en cierto sentido. “Es verdad que no hay un derecho global en materia de lucha contra la corrupción, pero sí hay referentes que están muy consolidados. Si una empresa tiene un sistema de ‘compliance’ capaz de cumplir la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos) puede estar convencida de que cumplirá con todos los regímenes que hay a nivel internacional”.

X Premio José María Cervelló

En torno a 16 trabajos “de gran calidad” se han presentado a la X Edición del Premio José María Cervelló, que ha repartido un premio principal de 10.000 euros y 20.000 euros más en becas para alguno de los programas de investigación jurídica del IE Law School.

En este sentido, Fernando Riaño, director de RSC, Comunicación y Relaciones Institucionales de ILUNION, ha subrayado que este premio “tiene mucho de aportación de valor y de valores, ya que el programa de becas ha permitido que muchas personas con dificultades o con pocos recursos hayan conseguido formarse e investigar”

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