Redacción.
La Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha criticado hoy en rueda de prensa la “inoperancia e inacción”, cuando no “falta de voluntad política”, de las autoridades de la Unión Europea para ofrecer soluciones de protección eficaz y respuestas adecuadas al drama que están viviendo miles de personas refugiadas.
Tras recordar que más de 20 millones de personas se han visto obligadas a dejar su país de origen a causa de la guerra o la violencia y que cada año, son cientos quienes se dejan la vida en el mar tratando de alcanzar las costas europeas – más de 400 tan sólo en las primeras seis semanas de 2016-, las abogadas Neus Linares y Pilar Barceló, respectivamente presidenta y miembro de la Comisión de DD.HH., han expuesto los motivos por los que dicha Comisión ha acordado sumarse a la Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados, con una concentración que tendrá lugar el próximo sábado 27 de febrero, a las 12 horas, en La Rambla (frente al Colegio de Abogados).
La realidad, insisten desde la Comisión, es que pese a que Europa afronta la mayor crisis humanitaria desde la segunda guerra mundial, la Unión Europea muestra una “incapacidad manifiesta” y una acción “cuando menos tibia” en la atención de las necesidades de protección especial y urgente de un colectivo que, no debe olvidarse, “se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema”.
Basta recordar en este sentido, ha indicado Neus Linares, que ante un drama de tales dimensiones, los acuerdos adoptados en el seno de la UE se han limitado, por una parte, a realizar un «vergonzoso reparto de cupos» y de distribución de refugiados entre los Estados miembros que, «además de resultar del todo insuficiente, apenas se está aplicando»; y, por otra, a ofrecer 3.000 millones de euros a Turquía a cambio de que este país pueda cubrir el acceso a los servicios básicos de los miles de refugiados que acoge, «pero también de que controle sus fronteras y restrinja así el tránsito de estas personas hacia Europa».
A juicio de la Comisión de Derechos Humanos, estas medidas están más dirigidas a «reforzar el control de las fronteras y contener la entrada de los refugiados, que a ofrecer soluciones eficaces de seguridad y protección a estas personas».
Eso – añaden- “sin tener en cuenta las decisiones unilaterales y a nuestro parecer ilegales de distintos países europeos, de levantar vallas y alambradas en sus fronteras o, incluso, requisar bienes a los refugiados”.
“Todo esto – afirman los miembros de la Comisión- está pasando en países que tienen suscritos tratados y normativas de derecho internacional que les obligan a proporcionar asilo permanente o temporal a las personas que temen por su vida y/o son objeto de persecución”, obligaciones que – denuncian- no pocos Estados están incumpliendo de forma sistemática”.
“No estamos diciendo – ha asegurado Neus Linares- que la gestión de esta situación sea fácil. Ni siquiera decimos que los países no puedan llevar a cabo controles legítimos en sus fronteras. Pero sí que, en todo caso, los controles deben llevarse a cabo con plena observancia de los derechos fundamentales y que la solución pasa porque las autoridades europeas dejen de mirar a los refugiados como un problema y pasen a considerarlos como lo que son: personas con derechos y necesidades de protección especial a las que se debe de dar cobertura con urgencia.
Sábado 27, Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados
Por todos estos motivos, la Comisión de Derechos Humanos del ICAIB anima a la ciudadanía a participar en la concentración que ha convocado para sumarse a la Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados que tendrá lugar, bajo el lema genérico “Pasaje Seguro”, en distintas ciudades europeas el próximo sábado 27 de febrero, a fin de reclamar a las autoridades de la UE “que estén a la altura de los valores de justicia, igualdad, libertad y solidaridad sobre los que, al menos sobre el papel, fue construido el espacio europeo”·
En Palma, la concentración, a la que se han adherido, entre otras, las asociaciones Mallorca Terra d’Acollida, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, la sección de Palma de Amnistía Internacional y el Colectivo de Educación en Derechos Humanos y Prevención contra los Conflictos, tendrá lugar a las 12:00 horas, en La Rambla (frente a la sede del Colegio de Abogados).
En concreto, señalan desde la Comisión de Derechos Humanos, durante la Marcha se reclamará a la Unión Europea que:
– Cumpla con las normas internacionales y europeas de asilo y refugio.
– Adopte con carácter de urgencia medidas firmes de protección eficaz de la población refugiada.
– Facilite a los refugiados vías seguras y legales de acceso al continente europeo, mediante acciones encaminadas a agilizar al máximo los procesos de reconocimiento del estatus de persona refugiada y de concesión del derecho de asilo; a aumentar las plazas de reasentamiento; y a flexibilizar o incluso aumentar las condiciones para que estas personas puedan optar a la reagrupación familiar.
Estas vías seguras, dice la Comisión, son fundamentales para evitar la muertes de miles de personas, dado que, consideran, «las medidas de refuerzo o incluso cierre de fronteras no evitarán que las personas que huyen de la guerra sigan llegando en busca de refugio más seguro. Bien al contrario, las medidas de dureza pueden derivar en que los refugiados busqen otras formas de acceso aún más peligrosas”.
Campaña de la Abogacía
Finalmente, Neus Linares y Pilar Barceló han puesto de manifiesto que, frente a la «inacción política», la reacción de la abogacía no se ha hecho esperar y, en este sentido, han recordado la campaña «Derechos Refugiados» activada hace ya meses por la Abogacía institucional, bajo cuyo paraguas se han puesto en marcha distintas medidas de ayuda, entre las que ha destacado la activación de un registro de abogados voluntarios especializados en materia de inmigración y extranjeria, el en el que ya se han inscrito más de 20 letrados de las islas; el esfuerzo en formación y difusión que está realizando la abogacía institucional; o la cuenta bancaria que, en este caso, mantiene abierta el Colegio de Abogados de Baleares para destinar la cantidad que se recaude a organizaciones implicadas activamente en la atención y la ayuda a las personas refugiadas.
