La eurodiputada alemana del partido Pirata Julia Reda ha expuesto esta mañana, en el marco de un coloquio celebrado en el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), los aspectos principales del Informe que ha elaborado para la Unión Europea en relación a la Propiedad intelectual.
El acto ha sido presidido por el diputado de la Junta de Gobierno responsable del Departamento de Internacional Jani Trias y del abogado experto en propiedad intelectual Josep Jover.
Reda ha afirmado ser partidaria de la modificación del concepto de copyright y los derechos de autor tal como se entienden actualmente ya que en una sociedad globalizada es necesario compartir la información y el conocimiento. Así por ejemplo ha apostado para que en el ámbito de la enseñanza desaparezcan los derechos de autor tal como los entendemos actualmente para evitar que el “pago por uso de copia” sea un freno en el aprendizaje y en el acceso a diferentes materiales didácticos.
La eurodiputada del partido Pirata también ha alertado sobre los peligros que puede entrañar para los consumidores, para los profesionales, para los jóvenes que acceden al mercado laboral y para los inversores la aprobación de los tratados internacionales TTIP (que pretende regular los bienes y productos) y TISA (que pretende regular los servicios).
Reda ha explicado que el primer problema relativo a estos tratados es la forma en que se están elaborando, ya que ambos tratados están negociando “en secreto y a escondidas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de cualquier otro mecanismo de transparencia”. En este sentido ha denunciado que la “UE está tramitando con algunos países como Estados Unidos, Australia, Japón, Australia, México, Canadá, entre otros estos acuerdos para poner las bases de un nuevo marco que permita la liberalización y deslocalización de los servicios en el futuro”.
La eurodiputada ha argumentado que a raíz de estos tratados (TTIP y TISA) “muchos de los servicios básicos de una sociedad del bienestar como la salud, la seguridad o la justicia se podrían privatizar y también que se establecerán más penalizaciones importantes para los estados, como las recogidas en las cláusulas del caso ‘Castor’ que han conllevado al Estado, y por extensión a la ciudadanía, tener que asumir indemnizaciones muy elevadas en favor de empresas privadas”.
Reda ha dado a conocer que el grupo de presión que hay detrás de estos dos tratados internacionales es un lobby de los servicios financieros de los Estados Unidos llamado US Coalition of Service Industries.
La eurodiputada ha declarado que estos tratados supondrán para el consumidor el fin de la protección como la entendemos actualmente: “Estos acuerdos pueden conllevar la desaparición de la administración local y autonómica, que quedará subrogada en los acuerdos establecidos y ratificados por los Estados. Se pondrá en peligro la protección jurídica estatal, de manera que las inversiones se realizarán en el país que el prestador de servicios decida. En el ámbito profesional, también se dará total libertad a las empresas, por lo que en un país podrían ejercer profesionales de otro país sin tener en cuenta la normativa y las garantías de calidad que se exigen para este ejercicio. Hecho que pondría en peligro a muchos profesionales liberales como abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, etc.”
Otro ejemplo de los efectos sobre los consumidores es que las demandas por un servicio prestado de forma incorrecta podrían tenerse que presentar de forma obligatoria en la dirección donde esté ubicado el prestador de servicios e incluso que se deban someter a las leyes de este país. En el caso de una contratación a un joven podría darse el caso de tener que trabajar en un país con la legislación laboral de otro Estado.
Reda también ha denunciado que ambos tratados también atentan contra los actuales mecanismos de control de los datos personales y de privacidad, que quedarían sujetos a la jurisdicción y criterio de la empresa y no del usuario, como ocurre actualmente.
Por ello, Reda ha instado a las instituciones y a partidos políticos a trabajar de forma conjunta para evitar que los grupos de presión consigan que los Estados cambien la legislación de acuerdo con los intereses de las empresas privadas y del libre mercado en detrimento de las personas.
