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El ICAB pide más inversión en Justicia para combatir la corrupción

Redacción.

Ante los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho que se están cometiendo, y teniendo en cuenta los 1.800 casos abiertos por corrupción en la actualidad, el ICAB manifiesta la necesidad urgente de invertir en la Administración de la Justicia -destinar más recursos humanos y económicos, así como llevar a cabo reformas legislativas- para que se resuelvan lo antes posible los casos de corrupción y se puedan detectar y evitar estas prácticas en el futuro.

Desde la abogacía se reclama dar una respuesta penal más eficaz a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho y una ampliación de los periodos de prescripción de estos delitos. Así como dotar de más medios a la Fiscalía Anticorrupción.

Con motivo del ‘Día internacional contra la corrupción’, que se celebra cada 9 de diciembre, el Colegio de Abogados de Barcelona ha dado a conocer su posicionamiento sobre este ámbito en el transcurso de una rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana y en la que han participado: Rafael Espino y Jorge Navarro, secretario y diputado, respectivamente, de la Junta de Gobierno del ICAB; Bruno González, director de análisis de la Oficina Antifrau de Catalunya; Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la UB; Victoria Camps, catedrática de Filosofía moral y Política de la UB y presidenta de la fundación Víctor Grífols y Begoña Román, profesora de Ética de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Catalunya.

Roda de premsa dia corrupció

Para hacer efectivo un cambio del contexto judicial actual y hacer visible el apoyo del ICAB contra la corrupción,  se  ha denunciado que es necesario un cambio urgente en el sistema procesal penal, vigente desde 1882, pero también un incremento de la inversión destinada a la Justicia, que actualmente supone un 1% del presupuesto total. En este sentido, se ha recordado que para hacer frente a esta lacra social también es necesario, desde el sistema judicial, la introducción de nuevas figuras delictivas en el Código Penal, como la financiación ilegal de partidos políticos y la necesaria especialización de los juzgados y los tribunales para juzgar delitos económicos.

En esta línea, el ICAB ha manifestado que las leyes existen para cumplirlas y no para capearlas y ha reclamado que se necesitan más y mejores inspectores con poder de maniobra porque el bien público es de todos. Por ello la ciudadanía también tiene un rol importante en pedir cuentas y hacer preguntas activamente.

Partiendo de la información que ofrece el órgano de Transparencia Internacional (TIE), España ocupa el 37º lugar, de 175 países, en el índice de percepción de la corrupción en el sector público de 2014, detrás de Botswana. Por ello desde el ICAB se ha hecho hincapié en la necesidad de crear un “gran pacto de Estado” para que los partidos políticos hagan frente a la corrupción y se acabe con la injerencia de la política en la justicia.  Por ello el Colegio ha concretado que es necesario dejar actuar a los medios policiales, administrativos y judiciales contra la corrupción para garantizar el Estado de Derecho y castigar la impunidad, a la vez que hay que reforzar los órganos fiscales para garantizar los libre ejercicio del Poder Judicial.

Otro dato a destacar en la lucha contra la corrupción hace referencia al número de políticos aforados que hay en la actualidad en España, un total de 2.000, y que han cometido delitos contra el bien público. Desde el ICAB se ha manifestado que estos casos los debe juzgar un tribunal profesional desde el principio de transparencia. Y se ha reivindicado que hay que poner freno a los aforados que hayan cometido delitos en el ejercicio de su cargo porque el oficio del político debe ir vinculado a la vocación de servicio público. Asimismo, se ha comentado que si la justicia tarda en juzgar estos casos, el sistema judicial genera más desconfianza en la ciudadanía.

Además, desde el ICAB se apunta que es necesario incentivar las denuncias y facilitar las inspecciones y la contundencia y rapidez de las sentencias. También,  que la prensa tiene que usar su función de control de los poderes, y no ser un poder económico más.

Por eso el Colegio de Abogados de Barcelona considera necesaria la colaboración  entre todos los operadores jurídicos para acabar con esta lacra social.

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