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La ironía reglamentaria y la Audiencia Nacional

 Diego FierroPor Diego Fierro Rodríguez

El Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes, señala en su parte introductoria que “se crean dos plazas de magistrado para la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dentro de las medidas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Gobierno con el fin de que la justicia sea cada vez más rápida, diligente y eficaz, a pesar del actual contexto económico de contención del gasto público”. La causa de lo afirmado en el reglamento, que sirve para solventar el problema que sufren muchos jueces por no tener una plaza después de haber aprobado los exámenes de la oposición, puede encontrarse en una de las dos explicaciones siguientes:                   

  • Es posible que los juristas que ocupan las dos nuevas plazas de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sean los héroes que van a conseguir que se puedan resolver todos los asuntos penales que están siendo conocidos por los Juzgados Centrales de Instrucción, por los Juzgados Centrales de lo Penal y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
  • Es posible que el que redactó la curiosa frase quisiera implantar algo de ironía en el Real Decreto por el que se regulariza la situación administrativa de más de 200 jueces, vinculando esta norma con la lucha contra la corrupción, que está provocando una gran cantidad de casos que están saturando bastantes órganos judiciales del orden penal.

La primera opción es inverosímil, así que parece que lo más razonable es pensar que el que escribió la oración se encontraba con buen sentido del humor en el momento en el que plasmó la idea, aunque con la Administración de Justicia no deben hacerse chistes, sino reformas legislativas y materiales, alterando la legislación y la dotación presupuestaria para que los órganos jurisdiccionales puedan desarrollar su labor de una manera eficaz y eficiente, teniendo la posibilidad de emplear los medios personales y materiales que necesiten para terminar los procesos de una forma adecuada en el menor tiempo posible. Es indispensable que haya más jueces y magistrados que puedan actuar para acabar con el grave problema de la corrupción.

Mientras falten Juzgados y Tribunales en el orden penal para actuar con el fin de sancionar las conductas castigadas penalmente, el Estado de Derecho seguirá siendo un simple espejismo.

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