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Los procuradores de los tribunales ante el eterno reto de modernizar nuestra Administración de Justicia

Ignacio López ChocarroPor Ignacio López Chocarro.

La modernización de nuestra Administración de Justicia sigue siendo nuestra principal asignatura pendiente. Gobernantes de uno u otro signo han sido incapaces de lograr los necesarios consensos para abordar seriamente una reforma similar a la de otras administraciones públicas que durante los últimos años sí han podido colocarse a la misma altura, e incluso por encima, de los países europeos más avanzados.

Unas veces, por falta de partidas presupuestarias. Otras, por empeñarse en reformas tal vez valientes y ambiciosas pero demasiado complejas, sin contar con las aportaciones de los principales operadores jurídicos. En cualquier caso, la Justicia sigue huérfana de una verdadera reforma que permita al ciudadano confiar en sus Tribunales. Seguimos en un sistema judicial ineficiente, que incluso olvida su función de servicio público cuando impone unas abusivas tasas judiciales, que provocan no sólo la inhibición del ciudadano sino la desincentivación de la inversión, propia de territorios en los que los tribunales no son capaces de actuar con agilidad ni garantizar la ejecución de lo juzgado. (Ver reciente informe del Banco de España)

En esta encrucijada, los eternos aspirantes a obtener mayor protagonismo son los Procuradores de los Tribunales, un colectivo con siglos de historia que no siempre ha sabido mostrar públicamente su compromiso en ese sentido, ni destacar el papel relevante que ha jugado en la implementación de las plataformas telemáticas del sistema de comunicaciones judiciales. Una iniciativa que nos ha puesto a la cabeza de los países europeos más avanzados, tal y como reconoce la propia Comisión Europea (Premio Crystal Scales of Justice – 2012).

Es cierto que sectores muy alejados del mundo judicial (Ministerio de Economía y la CNMC) han cuestionado el futuro de la profesión tanto con el controvertido Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales como mediante continuos informes que, con el debido respeto, demuestran una ignorancia absoluta de nuestra realidad actual.

Pero esa postura ya ha sido contestada sin fisuras desde el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo, varias Consejerías o Departamentos de Justicia de diferentes CCAA y el propio Consejo de Estado, que no sólo apuestan por mantener las funciones actuales de la profesión sino también por proveerla de nuevas competencias, necesarias para acelerar la tramitación del proceso judicial.

Sería injusto no reconocer que las últimas reformas llevadas a cabo en nuestra Ley Rituaria han mejorado notablemente la tramitación de los procesos civiles en su fase declarativa. Pero, sin duda, la ejecución de estas resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos sigue siendo la gran olvidada en unas reformas que, sin suponer grandes cambios, han provocado incluso una mayor burocratización.

En ese “hacer ejecutar lo juzgado” del que nos habla el Artº. 117 de nuestra Constitución, una mayor colaboración de los procuradores, en especial con los Secretarios Judiciales, permitiría no sólo reducir en 1/3 los “timings” de tramitación de los procesos de ejecución, sino ampliar también el grado de cumplimiento de las resoluciones judiciales (según el informe Fundación Wolters Kluwer 2013, apenas un 45% de las ejecuciones iniciadas en España llegan a su fin).

La dificultad en la ejecución ha de dejar de ser un factor de desconfianza e inhibición del ciudadano que necesita acudir a los tribunales para ejercer sus legítimos derechos. Además, un sistema de ejecución más ágil supondría liberar millones y millones de euros que a día de hoy se encuentran bloqueados en los tribunales.

Existe base constitucional más que suficiente para defender un nuevo sistema que acerque los procuradores a sus homólogos europeos, los Huissiers de Justice o agentes de ejecución, a quienes la propia Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia señala como profesionales independientes, cualificados y responsables. De este modo, debería recaer en los procuradores por delegación judicial la responsabilidad de conducir la ejecución de los procesos civiles. Así, nos convertiríamos en los principales colaboradores de la Administración de Justicia, tal y como ya propuso en su día en el citado Libro Blanco de la Justicia.

En el marco en el que nos encontramos tenemos, por tanto, dos opciones:

1ª) o seguir ocupando el puesto 64 de 185 países analizados (los peores de Europa después de Italia, que curiosamente cuenta con un sistema judicial muy parecido al nuestro) en el proyecto “Doing Business” que publica el Banco Mundial desde el año 2004, relativo al indicador del grado de cumplimiento de los contratos

2ª) o ser valientes y optar por modelos que han demostrado desde hace años su efectividad en otros países europeos, incluyendo en “ese hacer ejecutar lo juzgado” a otros profesionales, como los procuradores de los Tribunales

Si nuestro colectivo se ha caracterizado por algo en los últimos 30 años ha sido por la confianza transmitida y por su actitud proactiva como directo colaborador de la Administración de Justicia.

Honestamente creo que estamos perfectamente capacitados para asumir nuevas competencias que repercutan directamente en la sociedad, a favor de una “buena Justicia”, ágil y eficaz.

Ignacio López Chocarro

Presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona.

2 Responses to Los procuradores de los tribunales ante el eterno reto de modernizar nuestra Administración de Justicia

  1. Montse Vila Bresco Respon

    09/10/2014 at 13:05

    Bravo Nacho¡¡

    Gracias por decir, en tu magnífico artículo, lo que muchos pensamos

    Un abrazo

  2. Irene Solá Solé Respon

    09/10/2014 at 17:49

    Bravo Nacho!!!! Me ahiero al comentario de Montse, un artículo valiente, claro, directo y gran conocedor de la realidad jurídica. Gracias!!!

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