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La Abogacía reclama un Protocolo Especial de Actuación para llegadas irregulares masivas de inmigrantes

Consejo General de la Abogacía Española.
Madrid.

Tras la llegada masiva de inmigrantes a las playas de Cádiz entre el 4 y el 12 de agosto, y ante los episodios que ocurren con cierta frecuencia en las vallas de Ceuta y Melilla, el Consejo General de la Abogacía reclama la elaboración de un Protocolo Especial de Actuación a nivel administrativo, judicial, policial y sanitario, tanto para dar respuesta a estas situaciones excepcionales de llegada a las costas andaluzas y canarias, como también en los casos de avalanchas ante las vallas de Ceuta y Melilla. Además, se compromete a elaborar con la mayor celeridad posible un Protocolo específico de los servicios del Turno de Oficio en supuestos excepcionales de llegadas irregulares masivas de inmigrantes.

El Consejo valora la excelente labor y la solidaridad demostrada por la población, los abogados, las autoridades locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja Española y servicios sanitarios, pero entiende que, en ausencia de unas normas claras y específicas, se provoca un importante número de irregularidades procedimentales, cuando no verdaderas vulneraciones de derechos con inapropiadas respuestas judiciales y políticas. La Abogacía también llama la atención sobre la falta de medios de algunos juzgados para atender estas circunstancias excepcionales, y la inexistencia de equipos especializados de protección individual, así como el hecho de que entre los inmigrantes llegados en los últimos días existe un número cada vez mayor de personas que huyen de países en conflicto, y que por tanto deberían ser reconocidos como posibles refugiados e iniciarse con ellos los procedimientos de asilo correspondientes.

En este sentido, el Consejo de la Abogacía se ofrece a dar un paso al frente y llevar a cabo la labor de coordinación y colaboración para desarrollar dicho Protocolo, junto con las autoridades competentes y la Oficina del Defensor del Pueblo.

Por otra parte, la Abogacía también pide a los Ministerios de Interior y Justicia que informen sobre la situación jurídica en la que se encuentran las personas recluidas en el denominado “centro especial” de Algeciras y si se encuentran o no privadas de libertad de deambulación.

Según las últimas informaciones, y tal y como explicó el pasado 26 de agosto en la Diputación Permanente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Leopoldo Barreda de los Ríos, el Ministerio de Interior ha tramitado 916 expedientes de expulsión para otros tantos inmigrantes de entre los 1.409 llegados entre el 4 y el 12 de agosto a las playas gaditanas. De ellos, 543 han sido recluídos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su deportación; 546 han sido “confiados” a diferentes ONG para su acogida en distintos puntos del país, y 340 siguen en Tarifa, de los cuales 90 terminarán en los CIE de Madrid y Barcelona, 78 pasarán a acogida por ONG y 7 han sido puestos en libertad, previo expediente de expulsión “por tener recursos o familia en España”.

Finalmente, al menos 168 personas continúan privadas de libertad en un “centro especial” de Algeciras, habilitado por la Policía Nacional para agilizar los procesos, y teniendo en cuenta que su ingreso en dicho centro tuvo lugar al menos el día 12 de agosto, esta situación exige ser aclarada. La petición de “habeas corpus”, realizada por abogados y algunas ONGs, ha sido desetimada y la Defensora del Pueblo entiende que éste no es un procedimiento eficaz, pero tampoco se aporta ningún otro que sea capaz de acabar con la situación de privación de libertad de las personas recluidas en el “centro especial”. El Consejo de la Abogacía considera que la situación de tales personas exige la más urgente aclaración y en todo caso su inmediata puesta bajo la tutela judicial.

Además, dado que éste no es un problema exclusivo de ningún país europeo, el Consejo de la Abogacía estima que en última instancia la Comisión Europea deberá elaborar las Directrices pertinentes, recogiendo las aportaciones de los protocolos de actuación desarrollados por cada uno de los Estados miembros que soportan las llegadas irregulares masivas de inmigrantes en las fronteras este y sur.

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