Ayer cerca de 1.000 abogados vestidos con toga y las juntas de gobierno de los 83 Colegios de Abogados de España se concentraron en Madrid para protestar por la actual redacción del proyecto de ley de justicia gratuita, que supondrá una pérdida de derechos en un servicio público esencial.
La abogacía salió de la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en el Paseo de Recoletos 13, continuaron hasta la Plaza de Cibeles para llegar hasta el bulevar central en el que se había instalado una carpa que estuvo abierta a los ciudadanos y abogados hasta las 19:00 horas. Allí, el presidente de la Abogacía dio lectura al Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita que, posteriormente, firmaron todos los decanos en presencia de los miembros de cada Junta de Gobierno.
Oriol Rusca, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, afirmó que “los abogados salimos togados a la calle para defender nuestros intereses, pero también los derechos de los ciudadanos. El acceso universal a la Justicia es un pilar esencial por el que se luchó y que ahora nos toca a nosotros defender y velar por él. Es tan importante como la educación o la sanidad”. Para Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, utilizar la toga demuestra un gran significado, “es nuestro traje habitual cuando estamos ante los tribunales. Así acompañamos a nuestros clientes a estrados y con igual respeto y solemnidad defendemos sus derechos e intereses legítimos”.
Carlos Carnicer manifestó de manera muy clara la posición de la toda la abogacía: “En nombre de todos queremos expresar a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores que rechazamos la regularización que se pretende hacer del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita. Somos los responsables del gobierno de 83 Colegios de Abogados de España: decanos y diputados de Juntas de Gobierno; y de los 10 Consejos Autonómicos de la Abogacía. Representamos a más de 250.000 colegiados y nos encontramos aquí para defender el derecho de defensa que encarna el modelo de abogado de oficio, libre e independiente e imprescindible para el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita”. Y en su discurso Carnicer añadió que “estamos en lucha. Porque no podemos dejar que se pierda un sistema que algunos amenazan incluso con privatizar o funcionarizar. Estamos aquí porque el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita son una parte esencial del sistema constitucional de Justicia y, por eso, debe defenderse”.
Para la Abogacía la propuesta de reforma planteada por Alberto Ruiz Gallardón supone el establecimiento de nuevas y amplias trabas para un acceso efectivo al beneficio de la justicia gratuita. En concreto, denuncian los letrados, el proyecto de ley de Justicia Gratuita reduce el umbral de acceso a miles de ciudadanos que forman unidades familiares de una sola persona y excluye del sistema a las personas que ganen algo más de mil euros; crea desigualdades, dado que reconoce el derecho a la justicia gratuita a determinados colectivos que cuentan con recursos económicos suficientes para litigar y, en cambio, omite la gratuidad de otras prestaciones básicas como, entre otras, la atención jurídica a los presos condenados; multiplica la burocracia y menosprecia la labor de los abogados del Turno de Oficio.
A pesar de que la Abogacía en su diálogo con el Ministerio de Justicia ha logrado importantes avances en el proyecto de Ley, sigue habiendo aspectos fundamentales que perjudican al justiciable: no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, desconfía y sospecha de los ciudadanos, menosprecia la labor de los abogados del Turno de Oficio al no garantizar un pago digno y puntual por sus actuaciones, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza.
En el Proyecto de Ley hay temas nucleares que, si no se cambian, pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, cuyo presupuesto se ha reducido 42 millones de euros los últimos cuatro años, fundamentalmente a base de rebajar de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de Oficio.
Y en este sentido la abogacía critica que el texto aprobado no garantiza la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema. El Decano del Colegio de Abogados de Barcelona Oriol Rusca criticó que se quiera trasladar el coste del servicio a los Colegios de Abogados y a los letrados que prestan el servicio, ya que se quiere someter a una homogeneización -a la baja, en el caso de Cataluña- los módulos de pago, que ya están muy por debajo del precio de mercado. “Los módulos actuales ya suponen que en determinados casos los letrados cobren a 2 euros la hora”, recuerda el decano de los abogados de Barcelona.
La abogacía joven catalana se concentró ayer por la tarde en Barcelona para sumarse a la protesta iniciada en Madrid. En este sentido, la abogacía joven catalana alerta de que en la última legislatura se está produciendo una vorágine legislativa en el marco de la Justicia que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo respecto a su derecho a la tutela judicial efectiva y a otros derechos que se desprenden. Por este motivo, durante el acto de protesta se procedió a la lectura de un manifiesto en contra de todas estas futuras normas.
En este texto manifestaron el rechazo a la redacción actual del proyecto de ley, presentado por el Ministro de Justicia, sobre la futura reforma de la Justicia Gratuita y le instaron a que mejore el servicio prestado al ciudadano consensuando un nuevo texto con los letrados a través los colegios de abogados y de consumidores y usuarios.
También defendieron el papel primordial de los colegios profesionales, por lo que denuncian que la propuesta de Ley de Servicios Profesionales degrada los colegios profesionales y olvida la tarea de garante de derechos y de calidad respecto a los ciudadanos. Por eso pidieron a los ministros de Economía y de Justicia que elaboren un nuevo texto con el consenso de los colegios profesionales, garantizándoles medios económicos para las prestaciones de servicio público que realizan y reconociendo su papel histórico y futuro como ejes vertebradores de la sociedad y como garantes de calidad, formación y empleo respecto de sus profesionales.
Los jóvenes abogados catalanes mostraron también su frontal oposición al proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria. Eliminar la obligatoriedad del uso de Abogado en algunos procedimientos “puede causar la indefensión de los ciudadanos cuando deban actuar en un procedimiento y la otra parte disfrute de letrado o sea un profesional del derecho”, afirmó el presidente del Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Barcelona, Esteve Grima.
