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El ICAB considera que la ley de seguridad ciudadana es un retroceso en los derechos fundamentales de las personas

Colegio de Abogados de Barcelona
Barcelona
 
 

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) considera un grave retroceso para la democracia y los derechos fundamentales de las personas la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Esta corporación reitera que la violencia en la calle por parte de grupos minoritarios (en aprovecharse de concentraciones y / o manifestaciones legales de la ciudadanía) no justifica ni legitima ninguna reforma legislativa que tienda a reducir los derechos constitucionales de asociación, de reunión, de expresión, de presunción de inocencia, de derecho al honor que tienen todos los ciudadanos. “Esto conlleva que la ciudadanía se convierte en víctima no sólo de los ataques de los grupos violentos que dañan bienes y derechos de las personas, sino también de las reformas legislativas que recortan derechos y endurecen más el código penal, que ya prevé penas graves para las actitudes violentas y los ataques a los cuerpos y fuerzas de seguridad”, afirma el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca.

Las reformas más importantes que introduce la ley de seguridad ciudadana giran alrededor del hecho de que muchas de las faltas pasarán a ser delitos menos graves o pasarán a ser consideras infracciones, que se castigan de forma más grave. Así, por ejemplo, y en relación al uso de las imágenes o datos de policías serán consideradas infracción si pueden poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. “Esta medida también se contrapone con el derecho de defensa de las víctimas, por lo que es arbitraria y partidista”, afirma Rusca. Y añade: “Esta Ley es propia de estados totalitarios que nos lleva a tiempos preconstitucionales que ya teníamos olvidados. Por esto es inadmisible”. También será un paso atrás en los derechos y libertades de las personas que los agentes de la policía puedan retener durante seis horas un ciudadano sin necesidad de presentar cargos contra él. Por estos motivos, el Colegio de Abogados de Barcelona critica que la Ley castigue el derecho de la ciudadanía de manifestar el rechazo ante las acciones que el Gobierno realiza y que le son contrarias.

El ICAB también denuncia que las infracciones administrativas tienen consecuencias sancionadoras muy importantes. Este es un rasgo característico de mucha trascendencia porque las sanciones previstas son todas de tipo económico y pueden alcanzar una cuantía exagerada (multas de hasta 600.000 €). La existencia de las actuales tasas judiciales aprobadas en la Ley 10/2012 y la regulación vigente de las costas en la jurisdicción contenciosa pueden comportar una limitación dramática del derecho de defensa en estos casos, impidiendo los recursos contenciosos-administrativos ante los tribunales. Por ello, el Colegio estudiará con detenimiento la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, con el fin de denunciar aquellas cuestiones que considera inconstitucionales y pide enérgicamente la retirada inmediata de esta ley.

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