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El ICAB y el ICAV coordinan esfuerzos

Colegio de Abogados de Barcelona
Barcelona
 
 

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) han acordado actuar conjuntamente para combatir los proyectos de ley de justicia gratuita, y los anteproyectos de ley de colegios profesionales y de la ley orgánica del poder judicial. Se trata de reformas que supondrán, en el caso de que se aprueben tal y como están redactadas actualmente, una vulneración de los derechos de los ciudadanos y un paso atrás en cuanto a la proximidad de la justicia.

Motivos para combatir los citados anteproyectos:

Proyecto de ley de justicia gratuita

Las principales críticas del ICAB y el ICAV al proyecto de ley de justicia gratuita son, por un lado, el incremento de trámites que tendrán que hacer los ciudadanos para solicitar el beneficio de la Justicia gratuita, la insuficiencia de recursos para sufragar el coste del Turno de Oficio y asistencia al Detenido y, especialmente, la pérdida de los derechos que los ciudadanos tendrán para acceder a la justicia gratuita. Por otro, que el texto aprobado somete a una asfixia a los abogados y los colegios de abogados porque no se valora su trabajo y se quiere homogeneizar a la baja los módulos de pago, pero, además no resuelve aspectos primordiales para poder ofrecer una buena defensa. Por ello, el decano de los abogados de Barcelona, Oriol Rusca, afirma que “lamentamos que se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones, situaciones que aprovechando la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita se podrían solucionar”.

Por este motivo, el decano de los abogados de Valencia, Mariano Durán, critica que “con esta medida no se busca la calidad del servicio” y considera que el Ministerio de Justicia “tiene una falta de sensibilidad hacia un servicio público esencial como es el turno de Oficio, prestado por letrados con alta formación y experiencia”.

Anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales: el fin de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía

Ambas corporaciones denuncian que el objetivo principal de la futura Ley es debilitar los colegios profesionales. Por ello se rechaza de forma radical que se quiera dividir la profesión en función de la colegiación, ya que conllevará un paso atrás en cuanto a las garantías de los servicios prestados a la ciudadanía.

Unas de las funciones principales de los Colegio de Abogados es velar para que la actuación de los letrados siga las normas deontológicas de la profesión y a la vez se dé cobertura de la práctica profesional a través de una póliza de responsabilidad civil. Si se aprueba, los colegios profesionales no dispondrán de los suficientes recursos para garantizar la prestación de estos servicios primordiales de la corporación, y se pondrá en riesgo la garantía de los servicios prestados a las personas. Representará una intromisión en la independencia y régimen democrático de los colegios.

Por ello, el decano del Colegio de Abogados de Barcelona argumenta que “los colegios proporcionamos una póliza de responsabilidad a los abogados, al margen del marco donde ejercemos. Razón por la que no entendemos como una cuestión tan esencial como ésta puede dejar de tener obligatoriedad en el anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales”. Y añade: “se puede crear una situación de indefensión muy grande hacia las personas. Por poner un ejemplo, es como si ahora una nueva ley dijera que no hay seguro para conducir un vehículo”.

Desde el ICAV, su decano recuerda que “las corporaciones profesionales llevaron a cabo un intenso proceso de “actualización” y “puesta al día” en el año 2009, a raíz de la llamada Ley ómnibus, que conllevó ir mucho más allá de lo que exigía la normativa comunitaria”. Por ello, Duran concluye que “la voluntad real es desregular la actividad profesional de la abogacía en detrimento de los servicios a los ciudadanos, un procedimiento que recuerda la desregulación de la Banca en España“.

Anteproyecto de ley orgánica del poder judicial

El texto aprobado plantea la supresión de los partidos judiciales y su sustitución por las provincias, con la consecuencia dramática de romper el modelo de justicia de proximidad hacia la ciudadanía. Por ello, Durán denuncia que “el proyecto no se acompañe de una memoria justificativa que señale los recursos materiales disponibles para su desarrollo“.

Estas corporaciones también critican que cada año se determine una cuota máxima de recursos de casación (civiles y contenciosos administrativos) que se podrán admitir a trámite. Por estos motivos, el decano de los abogados de Barcelona denuncia que “la justicia no puede tener ni admitir cuotas. Es decir, con este planteamiento de tramitación se provocarán mayores dilaciones”.

Para mejorar todos estos aspectos de cara a las futuras leyes, el Colegio de Abogados de Barcelona y el de Valencia han presentado alegaciones a todos los anteproyectos y hoy han acordado diseñar un plan conjunto de actuaciones para conseguir su retirada. El ICAB y el ICAV instan a los gobiernos autonómicos que tengan competencia sobre estas materias a sensibilizarse con las reivindicaciones de ambos colegios y a establecer un frente común para conseguir la sustancial modificación de estos anteproyectos y proyecto de ley.

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