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Tribuna

Voz Joven

“Ningún abogado debería estar obligado a dejar de hablar en catalán”

Por Alexander Salvador
Traducción por Àngela Francès
Barcelona

Hace veinte años solía estar más nervioso, piensa Pere mientras se dirige a la Ciudad de Justicia de Barcelona. Hoy tiene que acudir a un juicio de faltas y, a pesar de que no es ni mucho menos uno de los primeros juicios a los que asiste como abogado, todavía siente una pequeña temblor en su barriga. Son los nervios de antes de entrar al juzgado, piensa con una sonrisa en la cara. En la entrada de la sala se encuentra con Marc, abogado de la acusación y veinte años atrás compañero suyo en la Facultad de Derecho. Bromean un poco en catalán mientras comentan el programa de sátira política Polònia de ayer por la noche. Entran en la sala y saludan a Tomàs, amigo suyo de la facultad y ahora juez. Cuando empieza el acto, de repente, por inercia todos empiezan a hablar en castellano. 

Esta breve historia ficticia puede sonar extraña, pero más que ficción, se trata de una realidad que hace años que está presente en Cataluña. En el escenario de plena inmersión lingüística en el que vivimos resulta preocupante observar cómo no hace ni cinco años, las sentencias dictadas en catalán en Cataluña no representaban ni el 25% del total de sentencias.

¿Por qué no se utiliza el catalán en la justicia si es la lengua utilizada en la vida cuotidiana de la sociedad catalana?

Para Josep Canício, decano del Colegio de Abogados de Tortosa y presidente de la Comisión de la Lengua del Consejo de la Abogacía Catalanaes una cuestión de inercia que la sociedad catalana hable en castellano en la justicia. No obstante, la mayor anormalidad la podemos encontrar en las fases orales, donde esta inercia está más presente ya que la mayoría de los abogados se expresan en castellano”.

Pero más allá de esta inercia, uno de los orígenes del gran uso del castellano en la justicia es la formación universitaria que se impartía años atrás, que era en castellano. De este modo, para Canício, “la educación universitaria en castellano ha contribuido a que no hubiese una adecuada normalización del catalán en sede judicial catalana”. Sin embargo, el entrevistado nos confiesa con un tono de esperanza que “posiblemente las siguientes hornadas de abogados que han vivido la inmersión lingüística en la enseñanza obligatoria y en la universidad volverán a la normalidad de uso del catalán en la justicia.”

Josep Canício Querol, Degano del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Fotografia de www.cicac.cat

Josep Canício Querol, Degano del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Fotografia de www.cicac.cat

Por otro lado, Josep Canício, sorprendido por lo absurda que resulta esta situación lingüística, nos explica que “es ilógico que no se requiera el catalán a aquellos jueces de fuera de Cataluña para formar parte de la Judicatura catalana. Algo absurdo incluso para los mismos jueces de fuera de Cataluña y formados en Vallvidrera, que explican que aprender catalán más que un requisito es algo normal en la sociedad catalana, del mismo modo que lo sería aprender el idioma flamenco para ejercer como juez en Flandes, siendo valón.” En este sentido, el presidente de la Comisión de la Lengua del Consejo de la Abogacía Catalana nos compara la situación catalana con el caso judicial suizo, “en Suiza un juez no puede acceder a la carrera judicial de un cantón sin conocer la lengua de aquel territorio”.

A conclusiones igual de aterradoras se llegaron en la IV Jornada Sobre el Uso del Catalán en la Justicia, en la que Teresa Andreu y Massana, en representación de la Generalitat de Catalunya denunció que “el uso que los operadores jurídicos hacen del catalán es excepcional”, dejando en evidencia que “hay una contradicción a la hora de contratar funcionarios públicos: a los funcionarios públicos de un ayuntamiento se les exige el conocimiento del catalán; mientras que en la Administración de Justicia no existe este requisito.”

Sobre el día a día de los juzgados, Josep Canício se mantiene firme en sus afirmaciones, para el decano de Tortosa ningún abogado está obligado a dejar de hablar en catalán y, en este sentido, si se dictaran sentencias desfavorables por este hecho, no dudarían en recurrirlas por la vía penal. Por otro lado no se puede producir ninguna indefensión a aquellos abogados que actúan en Cataluña, dado que para Canício “ya deberían conocer la lengua y, en el caso contrario, se está provocando una situación de reducción del uso del catalán en la justicia drástica y anormal.”

Por lo que respecta a los casos de abogados no catalanohablantes, la misma Generalitat de Catalunya ha puesto en funcionamiento un servicio de traducción de demandas para aquellos abogados que desconocen la lengua. En esta misma dirección trabaja el Consejo de la Abogacía Catalana, nos explica Anna Valera desde el mismo Consejo, donde esta institución promueve el catalán como lengua en la justicia a través de la implantación de cursos y la puesta en funcionamiento de herramientas como la traducción automática de escritos en catalán para los abogados que lo necesiten. En este sentido, Valera se muestra muy contenta de los resultados obtenidos, muy evidentes teniendo en cuenta el número de solicitudes presentadas para realizar el curso de catalán jurídico que ofrece el Consejo de la Abogacía, que superan en un 300% las plazas ofertadas (200).

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