El pasado martes día 11 de Marzo se aprobó en el Parlamento la primera Ley del suelo en las Islas Baleares, este hecho es destacable porque Baleares era hasta ahora la única Comunidad Autónoma que no contaba con una ley del suelo en todo el estado español. En cuanto a la votación de la ley, esta se ha aprobado con los votos a favor del PP mientras que PSIB-PSOE y MÁS han votado en contra o se han abstenido durante toda la votación. Centrándonos en la parte más técnica podemos decir como dato que esta Ley del suelo contiene 9 títulos, con 193 artículos, 10 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 disposiciones finales.
La polémica aparece cuando se trata el tema de la legalización de aquellas infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico y asentamientos en el medio rural. La defensa que ha hecho el PP (en palabras del consejero de Medio Ambiente Biel Company) de este precepto en concreto es que permite regularizar aquellas obras que no se podían derribar por el hecho de que el delito había prescrito.
Así pues en palabras del propio consejero Company a partir de ahora no habrá que “mirar hacia otro lado” sino que Baleares tendrá un nuevo margen urbanístico que otorgará y permitirá tanto a los ayuntamientos como a los consejos nuevas herramientas e instrumentos que establezcan una regulación urbanística sostenible que responda a las necesidades de los ciudadanos.
Por otro lado y como suele ser norma en las votaciones realizadas en el Parlamento la oposición se ha mostrado decepcionada por el hecho de lo que entendían como una oportunidad perdida. PSIB-PSOE y MÁS consideran que se ha perdido una oportunidad histórica de incorporar regulaciones sobre suelo rústico, (Es destacable el hecho de que a esta crítica se han sumado los diputados no adscritos Margalida Font y Antoni Pastor). Entrando en el punto conflictivo de la legalización de las construcciones irregulares la crítica se ha centrado en la supresión o reducción de competencias por parte de los organismos controladores (al contemplar la nueva ley el pago de tasas que eliminen determinados procedimientos establecidos por los ayuntamientos) y especialmente en el efecto llamada que provocará una inseguridad jurídica, tal y cómo ha expresado el diputado Jaume Carbonero del PSIB. Fuentes cercanas al GOB han tildado la ley como parcial y favorecedora del mercantilismo del suelo rústico.
A pesar de que de las 453 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios se han aprobado cerca de la mitad (40%), es evidente que en los puntos esenciales los partidos políticos una vez más no han sido capaces de llegar a un acuerdo. Así pues la polémica sobre la primera ley del suelo ya es sobre la mesa.
