No me resigno. Me niego a pensar que España está tan podrida o, mejor dicho, que las estructuras que se han apoderado de mi país, al que quiero, está tan deshechas que admiten como válido algo tan moralmente reprochable como el canje de la verdad por la comodidad, del cumplimiento del deber por el servilismo o de la primacía de los intereses de algunos sobre la memoria, dignidad y justicia de todas las víctimas que, a fin de cuentas, lo han sido por España.
No podemos admitir, sin ningún género de dudas, que vivimos en un Estado de derecho si, al tiempo, admitimos que cuando las cosas se manipulan para adaptarlas a las situaciones y voluntades de quienes las manejan es lo normal y, aún más, lo necesario. No se puede consentir que una nación deshonre la memoria de sus muertos a cambio de garantizar un status determinado y una situación concreta a una casta que ocupa la totalidad de las instituciones del Estado y que, como único objetivo, tiene mantenerse en ellas per in saecula saeculorum.
Hoy se cumplen diez años del mayor atentado de la reciente Historia de España, en el que a ciento noventa y dos personas se les arrebató la vida y más de dos mil quedaron heridos y mutilados, sin contar las miles de víctimas psicológicas, algunas de las cuales, a día de hoy, siguen siéndolo. Sin embargo, parece que esto ha sido olvidado por los poderes fácticos de nuestro país. Y no me refiero a que nada se diga del 11-M en los medios de comunicación, pues es cierto que desde hace unos días proliferan por multitud de medios reportajes y “análisis” de determinados temas relacionados con la masacre de Atocha. No, no me refiero a eso. El problema de fondo es mucho mayor. El problema real radica en la imposición por los poderes del momento de una única versión oficial de los hechos que, en múltiples aspectos se ha demostrado contraria a los hechos probados e, incluso, han aparecido nuevas pruebas y estudios que, aunque sólo sea moralmente –y, cuando el Derecho se aparta de la moral, las consecuencias pueden ser catastróficas para el género humano- obligaría al Juez más lego a volver a estudiar el caso y proceder, de una vez para siempre, a aclarar lo que de verdad ocurrió aquél infausto once de marzo de dos mil cuatro.
Que el 11-M supuso un vuelco de la situación política del país, es una evidencia que nadie es capaz de contrastar. De hecho, diferentes estudios –recuerdo haber oído hablar, concretamente, de uno efectuado por un profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona- daban, en términos estadísticos, una holgada victoria al Partido Popular de Mariano Rajoy en las elecciones del catorce de marzo de dos mil cuatro.
Sin embargo, el curso de nuestra Historia cambió para siempre: los españoles, conmocionados por lo sucedido y, en no menor medida, por la manipulación que de la situación que desde determinados púlpitos se hizo, fueron a votar en la convicción de que la causa de la matanza de Madrid había sido la Guerra de Iraq y que, por lo tanto, el culpable último era el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar. No obstante, estos extremos jamás han resultado probados. Nunca se ha demostrado que los atentados del 11-M fueran causa directa o, al menos, tuvieran algún género de relación con la Guerra de Iraq. Y nunca se ha demostrado, sencillamente, porque esto no fue así. Sí que se ha dado, por contra, la situación inversa: hechos que han resultado probados pero que nunca se ha procedido a investigar el porqué de las anomalías que los rodean.
Un primer ejemplo de lo que digo puede ser el de la ya famosa furgoneta de Alcalá. Para poner al lector en antecedentes, recordaremos que en ella apareció una cinta con una grabación de determinadas suras del Corán, materiales explosivos y prendas de vestir que corresponderían a las personas a las cuales se atribuiría la autoría de los atentados. Sin embargo, nunca se ha determinado cómo llegaron esos objetos ahí.
De hecho, de la primera inspección que de la furgoneta se hizo, alrededor de la media mañana del mismo día 11 de marzo, resultó carente de contenido la furgoneta. Misteriosamente, tras pasar unos cincuenta minutos oficialmente en paradero desconocido la dichosa furgoneta –pues habiendo llegado las dependencias de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos poco más tarde de las dos y media de la tarde, no sería hasta las tres y media cuando constaría documentalmente su entrada en las citadas dependencias-, aparecerían pruebas suficientes para inculpar a personas que, desde luego, sustentaban la versión oficial referente a la autoría islamista de los atentados.
Otro objeto que aparecería en el transcurso de las investigaciones y que serviría para sustentar la versión oficial de los atentados sería la también archiconocida mochila de Vallecas. En ella, recuérdese, se contenían cerca de diez kilos de GOMA-2 ECO, clavos y un teléfono móvil que, conectando al correspondiente detonador, debería haber hecho estallar los materiales anteriores. Investigaciones ulteriores determinarían posteriormente que este explosivo guardaba una enorme semejanza con el que apareció milagrosamente en la furgoneta de Alcalá, y al que me he referido arriba, pero sobre todo se probaría el hecho de que no existían en la misma restos biológicos pertenecientes a ninguno de los más de cien detenidos como presuntos autores de los atentados. Únase esto al hecho de que esta mochila llegó a la comisaría de Puente de Vallecas porque alguien dio la orden, en contra de lo que había indicado previamente el juez instructor en orden a llevar todas las pertenencias halladas en los trenes objeto de la acción terrorista a IFEMA, de conducir las halladas en los trenes estallados en El pozo del Tío Raimundo a la comisaría de Puente de Vallecas.
Sin embargo, no sólo incongruencias sorprendentes que han quedado sin investigar se dieron en lo que podríamos denominar como la acción policial y judicial. También el peritaje practicado durante las investigaciones se ha visto convenientemente alterado. Tras un exhaustivo estudio publicado por el perito Antonio Iglesias sobre la naturaleza química de lo que explotó en los trenes de Madrid, o sea, del arma del crimen. En contra de la versión que, contra viento y marea, había defendido la fiscal del caso (resumida en su célebre frase “fue GOMA2-ECO y vale ya”), el anterior perito demostró científicamente que lo que explotó en los trenes no fue tal, sino Titadyn, una clase de dinamita que, a la sazón, había venido siendo utilizada con notable frecuencia por la ETA.
Igualmente, verdaderamente pavorosa fue la manipulación mediática que se hizo de los atentados. Si durante gran parte del jueves 11 de marzo la totalidad de los medios de comunicación, cualquiera que fuera su padrino, y la práctica totalidad de los representantes políticos –con algunas excepciones como la del dirigente batasuno Arnaldo Otegi-, sostuvieron la tesis de que los atentados habían sido obra de la ETA –no se sabía, claro, ni, desgraciadamente se sabrá-, a partir de la noche de ese mismo viernes se produce un cambio notable. Entonces, la Cadena SER, perteneciente al hoy moribundo Grupo PRISA, comenzó a indicar que contaban con informaciones que apuntaban a la existencia de algún terrorista suicida en uno de los trenes. Este terrorista suicida nunca apareció por la sencilla razón de que nunca existió. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: a partir del viernes doce de marzo, la totalidad de los medios de comunicación del Grupo PRISA mantuvieron, contra lo defendido tan sólo unas horas antes –recuérdese el titular del diario El País en su edición extraordinaria vespertina del día 11: “ETA mata en Madrid”- que los atentados eran obra de terroristas islamistas como respuesta a la participación de España en la Guerra de Iraq.
A partir de ahí, estuvo todo hecho: los dirigentes socialistas comenzaron a culpar al Gobierno de José María Aznar de los atentados y, tanto desde sus filas como desde los medios de comunicación afines, se empezó a generar una convulsión social que tendría su punto clímax el sábado trece de marzo, jornada de reflexión previa a unas elecciones generales, cuando mediante mensajes de texto se convocó a cientos y miles de personas a cercar las sedes del Partido Popular de toda España. Al tiempo, Alfredo Pérez Rubalcaba, a la sazón Secretario de Organización del PSOE, hacía sus célebres declaraciones que decían “España no se merece un Gobierno que nos mienta” –curioso, dicho sea de paso, de quien fue portavoz del Gobierno de los GAL-. Como resultado, Mariano Rajoy tuvo que comparecer en rueda de prensa el propio sábado trece pidiendo ayuda y denunciando la coacción a la que su partido estaba siendo sometido, auspiciado por socialista y medios de comunicación. El resultado de todo esto, claro está, fue un vuelco electoral sin parangón en la Historia de nuestro país que supuso una brusca ruptura en el devenir histórico de nuestra nación. En parte, de hecho, muchos de los grandes males que sufre el país proceden del vuelco electoral originado por la masacre del 11-M.
Con todo lo anterior no pretendo acusar a nadie -¡Dios me libre!- de auspiciar tal terror en la capital de España; tampoco quiero atribuir su autoría intelectual o material a nadie, básicamente porque nada se sabe al respecto. No obstante, si pretendo plantear algunas cuestiones para su reflexión en orden a lo sucedido a partir del once de marzo de dos mil cuatro en España: ¿por qué hubo manipulaciones de algunas de las pruebas imprescindibles para esclarecer los hechos acaecidos alrededor de los atentados del 11-M? ¿Quién y por encargo de quién efectuó esas mismas manipulaciones? ¿Por qué se dictó sentencia en base a un arma del crimen que, como demostraban las parciales, no era la que había sido empleada en los atentados? ¿Por qué hubo medios de comunicación que se sumaron a la manipulación mediática de la masacre de Madrid? ¿Por qué no hubo altura política suficiente a la par que un verdadero interés por saber la verdad de lo ocurrido?
Sin ningún género de dudas, hay algo que movió la realización de los atentados del 11-M. En cualquier democracia sama, en cualquier país que aspire a ser realmente una nación de ciudadanos libres e iguales ante la Ley, se habría removido Roma con Santiago para dar con la verdad de lo ocurrido. En cualquier país en que los principios y valores estuvieran por encima de las ideologías o de los partidos políticos mismos, se habría rendido a las víctimas de la masacre el homenaje que se merece, el auténtico reconocimiento que no es otro que saber quién y por qué las asesinó para que puedan, de una vez para siempre, descansar en paz. En un país con auténticos principios democráticos los medios de comunicación se habrían lanzado a la denuncia de la manipulación en lugar de aliarse con ella.
Pero España, desgraciadamente no es así. Aquí tenemos un sistema político que, cual leviatán, crece y crece invadiéndolo todo y haciéndose cada vez más con el control de lo que antes eran espacios de libertad. Tenemos unos políticos que sólo piensan en asegurarse su poltrona y sus privilegios, aún a coste de jugar con la memoria de casi doscientas personas asesinadas por España. Tenemos unos medios de comunicación que –con la honrosa excepción de la COPE de entonces, el diario El Mundo de entonces y el Grupo Libertad Digital, del que podría decirse, de momento, que, como si una creación de Gosciny se tratara, resiste ahora y siempre al invasor- prefieren la connivencia con la inmoralidad del que manda, del poderoso en lugar de la lucha por llegar a la verdad y la defensa de la libertad de todos los españoles.
Todos los españoles tenemos que tener claro que, mientras no se esclarezca realmente qué, quién y por qué se cometieron los atentados del 11-M, España será un país enfermo. Pero yo, quizá movido por el ímpetu de mi juventud, no me resigno a creer que, algún día, España puede llegar a ser una auténtica nación de ciudadanos libres e iguales donde la verdad y la Justicia inspiren las decisiones de sus gobernantes y la memoria y dignidad de quienes murieron por ella sea bandera de todos. Porque ellas, las víctimas, lo merecen. Porque ellas, en realidad, somos todos.
In memoriam a los 192 fallecidos y más de 2000 heridos y mutilados en el mayor atentado de la Historia de España, cometido en Madrid el 11 de marzo de 2004. D.E.P.
Por Carlos Lora
Estudiante de las Licenciaturas de Derecho y ADE en la Universidad de Valladolid (UVA).
Delegado de Alumnos en la Facultad de Derecho de la UVA, Vicepresidente de la Asociación para la Promoción del Derecho Internacional (PRODEI) y de la Asociación para el Impulso de Proyectos Empresariales (ASIPE).