De nuevo queda atrás una ajetreada semana en el Congreso Diputados con el Debate sobre el Estado de la Nación en el centro de todos los focos. Nuevamente –y sin causar ya demasiada sorpresa entre muchos de los afectados, tristemente acostumbrados a una indiferencia insultante por parte del Gobierno- la convocatoria del controvertido examen nacional para el acceso de la abogacía vuelve a quedar ya no en un segundo o tercer plano, sino directamente en el más completo olvido.
En diciembre de 2013 el Gobierno contestó a una pregunta parlamentaria de una diputada socialista asegurando que el ya célebre examen se convocaría el mes de febrero del presente año, lo que supondría que su realización no tendría lugar hasta mayo de 2014 –dada la exigencia de un intervalo mínimo de tres meses entre la convocatoria y la realización del mencionado examen-.
Como ya se sospechaba, tal “promesa” sólo puede catalogarse como otra burda mentira más por parte de los Ministerios de Justicia y de Educación, Cultura y Deporte, responsables de la convocatoria del examen de acceso a la abogacía. Entretanto, las filas de jóvenes abogados desamparados sin poder colegiarse –en un bloqueo profesional sin precedentes en nuestro país, al no poder ejercer la profesión para la que llevan años formándose- asciende ya a centenares.
Al parecer, la posesión de un título de Grado en Derecho, la realización de un Máster de Acceso al ejercicio de la abogacía eminentemente práctico y la realización de prácticas profesionales por un período de casi medio año no es suficiente para unos jóvenes abogados cuyo grado de cualificación –el mayor de los últimos años- parece cuestionarse continuamente por el gobierno.
Los respectivos ministerios defienden la necesidad de un tipo test como único medio para evaluar la suficiencia o insuficiencia de los conocimientos de estos jóvenes abogados, obviando que la experiencia profesional sólo puede curtirse, más allá de los casos prácticos de la carrera y el máster, con el ejercicio diario en todos aquellos despachos en los que estos jóvenes abogados han desarrollado sus prácticas. Defienden pues la necesidad de un examen –como poco cuestionable-, cuya convocatoria a día de hoy –paradójicamente- brilla por su ausencia, así como toda información posible relativa al contenido y formato de la mencionada prueba.
Ante tal situación, la joven pero intensa plataforma “Abogados Sin Toga” continúa su lucha para intentar dar respuesta a un problema ante el cual el Gobierno sólo parece hacer oídos sordos. AST persigue suprimir el mencionado examen nacional o, cuanto menos, poner fin a esta situación de incertidumbre e inseguridad jurídica inadmisible que padecen alrededor de 700 personas, eximiendo a estos afectados del requisito del examen y permitiéndoles colegiarse directamente.
Entretanto AST sigue sumando apoyos, tal y como pudo apreciarse en la manifestación del pasado 22 de febrero –convocada y desarrollada en pleno centro de Madrid-, así como en todas las redes sociales plataformas de apoyo –como change.org- que se han creado a tal efecto. Hasta hoy, la ilusión y la motivación por el ejercicio de la abogacía de los afectados –que ya no pueden catalogarse como estudiantes, pero tampoco como profesionales- encuentra su reflejo en este movimiento que, en poco más de un mes de vida, se ha hecho notar y de qué manera: la exitosa celebración de la mencionada manifestación, la difusión por diversos medios de comunicación –radio, prensa, televisión-, el apoyo de diferentes asociaciones profesionales –tales como JAM o AJA-, el respaldo de personalidades jurídicas influyentes como el Decano del Colegio de Alcalá de Henares e incluso el apoyo de ciertos sectores políticos, como Juventudes Socialistas de España.
En la actualidad AST se ha reunido con diversos grupos parlamentarios, desde el grupo socialista hasta UPyD, pasando por Izquierda Plural, siendo la exención de efectuar el polémico examen a aquellos alumnos que terminen el Master antes de febrero de 2016 y resolver así una situación intolerable cuyo único responsable es un irresponsable gobierno que nunca ha mostrado interés alguno en el futuro de la abogacía española.
