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Tribuna

Voz Joven

La injerencia de los poderes públicos en los derechos y las libertades

Miquel SàmperPer Miquel Sàmper

Legislativamente, y en concreto en la materia relacionada con el desarrollo de las directivas de la Unión Europea, España fue en 2012 el tercer país más desobediente, con 91 expedientes abiertos, tan sólo superado por los 92 de Bélgica y los 99 de Italia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo tuvo que suplir la falta de acción normativa del Estado Español en materia de desahucios, a pesar de la reiterada petición al gobierno de la gran mayoría de los operadores jurídicos y el gran número de actos, reuniones, jornadas y congresos que se hicieron desde que estalló la burbuja inmobiliaria. No fue hasta que el Tribunal mencionado resolvió el caso Aziz en Sentencia de 14 de Marzo de 2013, declarando la normativa hipotecaria contraria al derecho de la Unión Europea, que el Estado Español modificó la legislación. Sobre la Doctrina Parot, el Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Estrasburgo tuvo que reparar el destrozo que se había hecho, primero por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (St. de 28/2/2006) del principio de irretroactividad penal regulado en nuestra Constitución y del principio que no hay pena sin ley previsto en el Convenio de Derechos Humanos de Europa; y segundo, por la modificación hecha por el Estado en 2010 del artículo 58.1 del Código Penal, cerrando la rendija que había abierto el Tribunal Constitucional en 2008 con la doctrina del doble cómputo de las penas.

El Consejo de Europa alertó, en junio del 2013, de un uso exagerado de la fuerza en las manifestaciones y de una desorbitada cuantía de las sanciones administrativas, y ahora el Ministerio del Interior tramita el proyecto de Ley de seguridad ciudadana. Para acabarlo de rematar, el proyecto de Ley del aborto del Ministerio de Justicia ha llegado a debate al Parlamento Europeo, bajo el críptico de no discriminación en los derechos sexuales y reproductivos.

La suma de tantas irregularidades en la aplicación de los principios reguladores de nuestro Estado de Derecho debía de tener consecuencias, y éstas han llegado de nuevo desde el Consejo de Europa, el cual a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) ha destacado la politización del poder judicial y de su órgano de gobierno (Consejo General del Poder Judicial), así como la falta de independencia del Ministerio Fiscal, una cuestión de rabiosa actualidad en España, a raíz del papel del Ministerio Público en el caso Nóos, o también en referencia al interés del fiscal anticorrupción para llevar al ámbito penal la contratación de Neymar por parte del Fútbol Club Barcelona, habiendo omitido en su momento las posibles connotaciones penales en las operaciones urbanísticas llevadas a cabo en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, operaciones ahora investigadas por la Comisión Europea.

Con tantas irregularidades, no nos puede extrañar que la población no confíe ni en aquellos que presionan (algunos políticos), ni en aquellos que se dejan presionar. Es prioritario que nuestras instituciones recuperen una confianza no sólo perdida, sino incluso escondida y desmoronada por muchos con oscuros intereses en perpetuar las distorsiones del sistema judicial español.

Bien hará el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España si explica con rigor a los poderes públicos que a la marca se le está haciendo un agujero cada vez más grande, equivalente a la injerencia de los poderes públicos en las libertades y los derechos. Cualquier otra marca judicial que se quiera dar a conocer, ya sabe cómo no tendrá que ser…

 

Miquel Sàmper

Presidente del Consell de l’Advocacia Catalana

One Response to La injerencia de los poderes públicos en los derechos y las libertades

  1. antonio Respon

    30/01/2014 at 13:54

    Sobre la falta de independencia del Ministerio Fiscal acaba de publicarse un libro por su colaborador Ramiro GRAU MORANCHO, titulado EL MI(NI)STERIO FISCAL (editorial Círculo Rojo, 2013), donde explica su experiencia durante una década como fiscal sustituto, y la absoluta falta de independencia profesional que sufren los fiscales cuando tienen que tratar con aforados, políticos, etc., y no digamos miembros de la Casa Real…
    Recomiendo su lectura, pues es un pequeño pero gran libro. Se lee rápidamente, y se forma uno una idea bastante acertada de la situación de la fiscalía en España.

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