Redacción.
Durante las últimas semanas, este país ha estado perseguido por el fantasma de la Constitución, sin que finalmente pudiera escapar de él. Desde hace unas semanas, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló contra la Doctrina Parot, da la sensación que la voluntad popular plasmada en la Constitución asume un tono borroso, en lo que a esta cuestión respecta.
La actual Constitución Española en su artículo 25.2, establece lo siguiente: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social (…).”
Este precepto, hasta el momento, parecía plasmar la voluntad de un pueblo, que a diferencia de una tendencia tal vez más americana o asiática, rechazaba la incorporación de medidas que busquen el castigo del reo, más allá de su reinserción social.
Pues bien, dado que ningún partido político, al igual que la mayor parte de la población, ha mostrado voluntad alguna de modificar este precepto, nos encontramos ante la curiosa situación que nos envuelve en la actualidad; y es que han sido numerosas las manifestaciones políticas y populares, que muestran el rechazo a la Sentencia que deja sin efecto la polémica “Doctrina Parot”, lo cual nos lleva a un terreno de oscuridad y confusión. Resulta pues, incomprensible, que se pretenda reforzar una doctrina que fue inconstitucional desde el primer momento, un simple parche a un ordenamiento jurídico que reclamaba una reforma urgente y sobretodo eficiente, que adaptara el ordenamiento jurídico a las necesidades sociales actuales de nuestro país.
Debemos entender entonces, que la voluntad popular, determina que ante determinados hechos delictivos, no deba aplicarse el anteriormente citado precepto constitucional, e hipotéticamente, deban adoptarse medidas menos “sociales”. Tal vez, esto signifique una derrota constitucional, una muestra de que el sistema que pretendimos crear en su momento, presenta carencias que no pueden ser subsanadas más que mediante una reforma de la Carta Magna, ya que la introducción de un precepto como el que permitiera la cadena perpetua, vulneraría probablemente la mayor parte del contenido del texto constitucional.
Resulta evidente pues, que la doble moral se ha interiorizado en gran parte de la población: nadie está a favor de la cadena perpetua o de la pena de muerte, al menos según se expresa en los medios públicos y redes sociales, pero en “petit comité” parece evidente que serían medidas más que aceptables en “determinados supuestos”, y el problema viene aquí, ya que precisamente esto sería lo más delicado de todo, determinar en esos supuestos.
Y esto, nos lleva a un conflicto aún mayor, y es que, resulta de nuevo incomprensible, que se haya consentido la aplicación de esta doctrina durante este periodo de tiempo, en el que ya era conocida la más que probable inconstitucionalidad de la misma, lejos de buscar la reforma jurídica pertinente para la solución efectiva del problema.
Tanto es así, que no podemos pretender que nos consideren un país democrático, cuando la población está conforme con que se vulnere la Constitución, permitiendo que se condene a determinados sujetos fuera de la legalidad, y que a su vez, la clase política no tome ninguna medida al respecto. Y resulta incongruente, protestar y rechazar una resolución como la de Estrasburgo, en vez de promover una reforma del ordenamiento español que permita la aplicación de esa doctrina con la que presuntamente la mayoría de la población está de acuerdo. Tanto es así, que percibir como un pueblo es capaz de aceptar que se regule la cadena perpetua, después de haber estado absolutamente en contra de este tipo de medidas desde que se promulgó la actual Constitución, muestra un problema social más que evidente, agravado por la falta de entrega y de casta política de nuestros representantes. Tanto es así, que escuchar como ante la desesperación y el descontento social, una población democrática como la nuestra, puede llegar a mostrar su apoyo ante la posibilidad de la instauración de la cadena perpetua o la pena de muerte, es una muestra más que evidente del gran problema al que nos enfrentamos.
Entendamos pues, que no debemos huir del fantasma constitucional, sino promover su reforma en base a la voluntad popular, ya que de lo contrario, no podremos acusar a los “monstruos” de Estrasburgo de nuestro problema, sino que deberemos plantearnos si los monstruos se encuentran descansando en las Cortes Estatales, en lugar de cumplir con sus obligaciones. Probablemente, sea el pueblo quien debe tomar las riendas y reclamar que su voluntad sea plasmada jurídicamente mediante sus representantes, y no limitarse a tirar una papeleta una vez cada cuatro años, porque seamos francos, si algo hemos aprendido durante los últimos años, es que eso es tan absurdo como inservible.