En una situación de crisis y escasez de inversiones en España, los cuerpos de seguridad detectan hace dos años a Alexander Romanov llevando a cabo negocios sospechosos por su alto valor económico en la isla mallorquina situada en el archipiélago español.
La Guardia Civil ha llevado a cabo una macrooperación contra la “Kangaskaya”, nombre con el que se conoce a una mafia rusa dedicada a la extorsión de empleados turísticos de Mallorca.
Por el momento, se han detenido ocho personas por un presunto delito de blanqueo de capitales. Según aclara la Benemérita se trata de una organizacion criminal especializada en los “raids”, apropiacion indebida de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.
Las investigaciones aputan a que dichas inversiones eran fruto de la actividad criminal de la organización y de la quiebra de empresas en Rusia. Posteriormente para una rápida puesta en circulación del dinero en Mallorca procedían a extorsionar a empresarios turísticos.
Entrando en materia legal, se deberán tener en cuenta varios aspectos para el análisis del caso. Abordaríamos en primera instáncia el lugar de residencia de Romanov y si tiene antecedentes. Pero la Europol confirma en sus investigaciones que acumula varios delitos económicos y que es la pieza clave de una trama con colaboradores en ambos paises, testaferros, aesores jurídicos y fiscales. Lo cual indica que podrán haber próximas detenciones de bufetes de abogados y notarios por presunta colaboración con la organización criminal.
De la extorsión a los empresarios turísticos de Mallorca se podría condenar a pena de prisión entre uno y cinco años aquellos que con animo de lucro, obligaren a otro, con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, establece el artículo 243 CP. No obstante, se tendran en cuenta los agravantes u/o atenuantes si hubiere.
Otro planteamiento posible sería por el lado de la apropiación indebida regulada en el artículo 252 CP i ss. que remite a las penas del 249 y 250 CP. El artículo 250 CP establece que la pena de prisión por delito de estafa será entre uno y seis años, y multa de seis a doce meses cuando concurran las circunstancias del mismo.
Puesto que las investigaciones de la policía siguen y se preveen nuevas detenciones, cabrá esperar a nuevos indicios y pruebas para poder acercar el caso a un tipo delictivo u otro. No es menos cierto que se trata de un supuesto complejo, con varios caminos posibles para la acusación y que implicará indagaciones exhaustivas.
