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La próxima Ley de Memoria Democrática es acogida con escepticismo

Por Héctor Anaya.
Valencia.

 

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, anunció el pasado 2 de diciembre que el anteproyecto de ley de Memoria Democrática en Andalucía será aprobado en las próximas semanas por el Consejo de Gobierno, y pasará posteriormente al Parlamento.

Este anuncio tuvo lugar durante la visita de Valderas al estreno de la rehabilitación de la casa natal de Blas Infante en Casares, donde felicitó a aquellos que hacen que Andalucía sea un “referente” estatal sobre cómo construir una historia que “nos reconcilie con la verdad” y repare a quienes fueron olvidados y se haga justicia.

El político remarcó que Andalucía pasará la página de la historia “después de haberla leído”, y ha enfatizado en el compromiso de la Junta de recuperar la memoria, y no permitir que ninguno de los que lucharon por la libertad, la democracia o los elementos del Gobierno de la II República “estén en ninguna cuneta olvidados”.

Sin embargo, gran parte de las asociaciones que luchan por sacar del olvido a las víctimas del franquismo y que están cansadas de tantos años de lucha y trabas institucionales, se mostraban con dudas frente a la próxima Ley de Memoria Democrática, una ley que todavía desconocen.

Cecilio Gordillo, del grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) e impulsor de la página web Todos los nombres (www.todoslosnombres.org), declaraba que esperaba que fuera una ley atendida por todos y en la que se tuvieran en cuenta a todas las asociaciones, pero que, por desgracia, suponía que se iba a tratar de un texto unilateral que afectaría a todas las asociaciones y que si gusta bien y si no, también.

La declaración de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía es un punto clave que preocupa a las asociaciones. “Queremos que estos espacios se declaren directamente como Bienes de Interés Cultural”, una fórmula que ya está en vigor en otros campos y que ha demostrado que funciona a la hora de preservar lugares, asevera Gonzalo Acosta, de RMHSA.

Por su parte, Rafael Espino, miembro de AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, en Córdoba), asegura que es la falta de concreción lo que más le preocupa y la posibilidad de que queden flecos sueltos y sin concretar.

Finalmente, las asociaciones también esperan que se concrete de una vez un catálogo como el censo de víctimas que reconozca legalmente a las personas que fueron fusiladas o desaparecidas por las fuerzas franquistas.

Tal y como establece el borrador, el objeto de la ley es establecer el régimen jurídico de las tareas de recuperación de la memoria democrática de Andalucía con el fin de garantizar y divulgar su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos duran te la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia. De esta forma, se pretende localizar a las personas desaparecidas durante la contienda y la posterior represión franquista.

El borrador de la futura ley puede consultarse aquí.

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