Encarando la recta final del 2013, toca hacer balance de todo lo ocurrido durante este año. Un año para olvidar, ya que las cifras del paro siguen siendo inasumibles para el Estado y las familias que viven en el umbral de la pobreza tanto en Baleares como en España son demasiadas para un país del primer mundo. Basta echar un vistazo a la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE el pasado miércoles, en la cual se refleja que más de un 20% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza, llegando ese porcentaje al 25% en el caso de las Baleares. Cifras que demuestran la economía real del país, que se pueden comprobar en las colas que se forman a la puerta de los Caputxins en la Plaza de España en busca de una ayuda para poder comer. No todo es salvar a bancos de la quiebra y dejar dinero a quienes luego no nos lo prestan, por mucho que se empeñen esos bancos a desmentirlo a través de anuncios con Pep Guardiola como protagonista. Un tipo del que se puede confiar, sin lugar a dudas.
Además, en toda familia bien avenida, el final de un año sirve también para organizar el siguiente. Vacaciones, eventos, obligaciones y por supuesto, el presupuesto. Y escuchando al Presidente Rajoy y a toda su troupe, uno llega a la conclusión de que el gobierno español es una familia muy bien avenida. Y leyendo el artículo 134 de la Constitución uno se da cuenta de que son ellos los que tienen que elaborar los Presupuestos Generales del Estado. Según el 134 de la Constitución, el Gobierno debe preparar los Presupuestos y presentar el proyecto en el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. Incumplir este plazo carece de ningún tipo de sanción jurídica, tal como se pudo comprobar en el retraso del Presidente Bauzà al presentar los Presupuestos de la Comunidad para el año 2012, o los Presupuestos de la Comunidad del 2011, año en que tuvieron que prorrogarse los del año anterior.
Tras su presentación, son las Cortes Generales las que deben enmendar y aprobar los Presupuestos. La Constitución en el artículo 134 impone la aprobación de los Presupuestos antes del primer día del ejercicio económico siguiente, es decir, da de plazo hasta el 31 de diciembre para que los Presupuestos sean aprobados. Si no se llegan a aprobar en esa fecha, automáticamente se prorrogarán los del año anterior. La aprobación de los presupuestos se considera una de las funciones más importantes para controlar e impulsar políticamente al Gobierno. Aunque, obviamente, el control se convierte en sumisión cuando el Gobierno tiene mayoría absoluta en el momento de la aprobación. En cuanto a las enmiendas y modificaciones de los Presupuestos, según el 133.3 del Reglamento del Congreso (o 139.1 del Reglamento del Parlament de les Illes Balears), las enmiendas al Presupuesto original que supongan un aumento de créditos tienen que tener como contrapartida un reajuste de la misma cuantía en la misma sección.
“Los presupuestos de la recuperación”, se aventuraba a afirmar el ministro Montoro respecto a los Presupuestos del 2014 el día en que los presentó ante los medios de comunicación. Con una deuda del 100% del PIB para el año 2014, se trata de una recuperación relativa, en la que esa deuda llega al billón de euros, el triple que antes de la crisis.
Los Presupuestos del año 2014 no contentan a nadie en Baleares. Tanto el Govern como la oposición critican duramente el reparto que ha considerado realizar el ejecutivo de Mariano Rajoy. Como es natural, los correligionarios del Gobierno Central moderan sus palabras para no molestar excesivamente a sus jefes, pero no se cortan. En palabras de José Vicente Marí, conseller de Hacienda y presupuestos, el esfuerzo de Baleares “no se ve correspondido ni con un sistema de financiación que trate justamente a las Islas Baleares ni con una inversión territorializada del Estado”. En adición, el President José Ramón Bauzà declaró en el Parlament que la inversión de los Presupuestos en Baleares “no es justa”. Duras palabras de un Gobierno que comparte carnés de afiliado con el equipo de Rajoy.
En contra del agravio que sufren las islas Baleares año tras año en las inversiones que el Gobierno propone en los PGE, las comunidades que más reciben son las de siempre. Los últimos siempre son los últimos, y los primeros los primeros. Extremadura, Cantabria y Galicia son tres de las comunidades autónomas que más dinero van a recibir por parte de la administración central. 316, 332 y 486 euros por habitante respectivamente. Mientras que Baleares, a la cola, recibirá previsiblemente 66 euros por habitante. Por mucho que se hable de expolio fiscal en otras partes de España no debemos olvidar que especialmente esta comunidad se lleva la palma en comparación con el resto de comunidades.
Teniendo los dos extremos, es necesario situar el término medio de las inversiones del Estado en las diferentes Comunidades Autónomas. Y en esta comparativa las Islas Baleares tampoco salen muy bien paradas. 206 euros por habitante es la media de inversión estatal. Tres veces más que la que realiza en Baleares. Son cifras que hablan por sí solas del desbarajuste en el que se encuentran las Baleares y que ni mucho menos se merecen, ya que es harto conocido su gran aportación a la hucha estatal.
Y todo ello sabiendo que la disposición transitoria novena del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares determina que “la inversión del Estado se establecerá atendiendo a la inversión media per cápita realizada en las Comunidades Autónomas de régimen común, determinada con arreglo a la normativa estatal”. Por lo visto, palabras vacías. Aunque puede que el proceso de equiparación con el resto de Comunidades sea lento, muy lento. Cuestión de décadas, tal vez.
La inversión real que el Estado hará en el año 2014 en las Baleares será de 74,02 millones. Un 5,69% menos que este año, cuando la inversión ha sido de 78,4 millones de euros. Y echando la vista atrás, y no demasiado, se comprueba como la inversión de estos dos últimos años ha sido la más baja de los últimos tiempos. En el año 2012 la inversión estatal fue de 143,25 millones de euros. El doble que la actual. Y si parece que el recorte ha sido brutal, basta retroceder un año, hasta el 2011, para comprobar que el 50% de 143 millones de euros es simple calderilla. En el año 2011 todavía existía la partida destinada a las inversiones estatutarias, las de la disposición transitoria novena del Estatut. Ese año, sumando la partida del Estatut (que ascendía a 190 millones) a las inversiones comunes y los diferentes convenios, el montante total era de 454 millones de euros. 74 vs. 454. Las comparaciones son odiosas, sobre todo cuando lo que separa una cifra de otra son 400 millones de euros.
Desde la última legislatura de Felipe González al frente del ejecutivo el Estado no invertía tan poco aquí. Y eso que en aquella época el euro no existía y el SMI era de 350 euros al mes, casi la mitad que hoy en día. Con Aznar y Zapatero las inversiones crecieron paralelamente a la burbuja, no es que nos quisieran más que antes. Quizás será necesario el puente de Valencia hasta Mallorca para que alguien se dé cuenta de que existimos, aunque sea solo por el dinero. Palma no sólo está en Canarias.
