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Tribuna

Voz Joven

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana crea polémica

Por Héctor Anaya.
Valencia.
 

Hasta 30 000 euros por insultar a un policía, prostituirse en calles o arcenes, realizar escraches, colgar macetas fuera de los balcones o convocar manifestaciones por twitter, entre otras cosas. Hasta 600 000 euros por concentraciones frente a la Cámara Baja o la perturbación de actos religiosos. Todo esto es parte del borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que ya ha propuesto el Gobierno para su aprobación. Este texto, realizado por Jorge Fernández Díaz, será visto por el consejo de ministros hoy viernes.

Los Partidos de la oposición y colectivos ciudadanos pretenden impugnar la vista del borrador, por considerar la ley «antidemocrática y agresiva contra los derechos civiles».

No se trata de sancionar más, según fuentes del Ministerio del Interior, sino de reducir el margen de discrecionalidad a la hora del reproche de una conducta ilícita y llenar el limbo jurídico de actos “nuevos”, como el escrache, o de aquellos que dejará fuera el nuevo Código Penal.

Esta nueva ley, que contendrá 55 artículos frente a los 39 todavía vigentes, diferenciará entre infracciones muy graves multadas con entre 30 001 y 600 000 euros, y graves sancionadas con entre 1 000 y 30 000 euros.

Entre las infracciones muy graves, encontramos la perturbación de actos públicos, deportivos o religiosos, las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Gobierno, protestas en zonas de riesgo como centrales nucleares o aeropuertos o deslumbrar con láseres a conductores de tren, metro o aviones.

Dentro de los delitos graves, están el alterar el orden público encapuchado o cubierto, amenazar o insultar a cuerpos de seguridad del Estado, el ejercicio de la prostitución, escalar edificios públicos o la realización del botellón. Asimismo, de aprobarse la ley, los agentes de policía tendrían autoridad para llevarse el DNI del ciudadano para comprovar la veracidad del documento.

Por su parte, colectivos ciudadanos y partidos de la oposición ya estudian impugnar la nueva ley por considerarla «antidemocrática y represiva». El PSOE critica la ley y la tacha de poco apropiada para un régimen democrático, ya que restringe los derechos de los ciudadanos por vía gubernativa. Por su parte, Izquierda Plural anuncia iniciativas y protestas contra la ley, ya que ésta abre una ofensiva contra los derechos civiles.

Las organizaciones y colectivos vinculados con el movimiento 15-M aseguran que el Gobierno con esta iniciativa pretenden «imponer la ley del miedo». Miembros de Democracia Real Ya consideran que con la ley se volvería a los peores momentos de la represión franquista

Ley de Seguridad Ciudadana

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