Canal 9 cierra por la mala gestión del Partido Popular

Hèctor Anaya

Por Héctor Anaya.

La Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) echará el cierre tras 24 años en antena a causa de la mala gestión que ha elevado su deuda hasta superar los 1.200 millones de euros frente a los 22 millones que acumulaba en 1995, cuando el Partido Popular llegó a la Generalitat. Además de a la mala dirección del Partido Popular; la televisión pública autonómica de la Comunidad Valenciana ha tenido que ir haciendo frente a la caída continuada de la audiencia ocasionada, en parte, por la poca credibilidad con la que contaba el medio debido al control y manipulación que los populares ejercían sobre los informativos y la imputación de varios exdirectivos en el caso Gürtel.

A comienzos de los años 90, antes de que Eduardo Zaplana entrara en el 95 como presidente de la Generalitat Valenciana por el PP, contaba con una plantilla de unos 650 profesionales que se triplicó hasta alcanzar los 1.800 trabajadores justo antes del Expediente de Regulación de Empleo aprobado en 2012 para despedir a 1.200. Entre esta plantilla engrosada se encontraban amigos o familiares de consejeros y otros cargos del PP a quienes no afectó el reciente ERE. Se prefirió despedir a profesionales y buenos periodistas y técnicos capaces de hacer una televisión de calidad a los vinculados con el partido y contratados por él.

La decisión del gobierno que preside Alberto Fabra, a quienes muchos ya han exigido su dimisión a través de las redes sociales, llegó horas después del fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaró nulo el ERE en RTVV, que afectaba a más de un millar de empleados, según la sentencia hecha pública el pasado cinco de noviembre. El Consell informó en un comunicado que tras la anulación del ERE, únicamente, les quedaba una opción: «Lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico», ya que «Sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros». Sin duda alguna, esta justificación económica del cierre sorprende al conocer que Alberto Fabra tiene a su servicio 16 asesores, 3 conductores, 2 secretarias y un cocinero y Francesc Camps, imputado por cohecho impropio, tiene un chófer y un asesor.

La Justicia valenciana dio la razón a los 1.198 trabajadores afectos por el ERE y sindicatos como UGT, CCOO e Intersindical Valenciana que denunciaron que el expediente de regulación de empleo era irregular y discriminatorio, además de una falta de información y un «trato de mala fe» por parte de la empresa. Asimismo, el fiscal pidió la nulidad del ERE por posible vulneración de derechos fundamentales y discriminación y por no aportarse la documentación necesaria a la parte de los trabajadores y varias «irregularidades» en la gestión.

Sin embargo, el problema de endeudamiento que sufre la cadena no es solo por la plantilla, que equivaldría a la de Antena 3, Telecinco y La Sexta juntas, sino que la cadena firmó un contrato en 2009 de 22 millones de euros para emitir la Fórmula 1 entre 2010 y 2013. Otra polémica se encuentra en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, ya que varios de los exdirectivos de Canal 9 están imputados por contratar a empresas de la trama de Francisco Correa (Caso Gürtel) a cambio de dádivas con motivo de la visita papal.

Además, al problema del ERE y la mala gestión y endeudamiento que sufre la cadena se le sumaría la pérdida cada vez de más audiencia en parte por la manipulación informativa que sufre la cadena, según han denunciado varios trabajadores. Esta manipulación y control exhaustivo que ejerce el Gobierno de la Generalitat en los informativos y demás contenidos de RTVV, llegando incluso a tener una lista de palabras censuradas y prohibidas, ha hecho que varios profesionales dimitieran como, por ejemplo, Rosa Vidal, exdirectora general de Canal 9. Rosa Vidal declaró que Fabra comunicó el cierre de RTVV a Pedro J. Ramírez antes que a ella y que afirmar la imposibilidad de un nuevo ERE era no tener ni idea de economía. De hecho, incluso los propios afectados por el ERE de 2012 no se oponían a que se lleve a cabo un nuevo ERE, siempre que este esté bien comunicado, procesado y atienda a criterios de profesionalidad y experiencia, no a favoritismos ni a vínculos familiares o ideológicos.

La periodista Iolanda Mármol, corresponsal en Madrid de la cadena valenciana, hizo pública una carta en la que hablaba de «mis mentiras en Canal 9». Entre estas mentiras y manipulaciones que denuncia la periodista, se encuentra la obligación de ensalzar la figura de Eduardo Zaplana y alabarlo cuando dejó la presidencia; la prohibición de llamar a Francesc Camps, quien dejó la presidencia tras varios casos de corrupción en alguno de los cuales le imputaron, Francesc y referirse a él como Francisco; la prohibición de decir recortes o la obligación de loar las maravillas de la apertura de Terra Mítica pese a que no hubiera nadie.

Por todo esto, no es de extrañar que antes del año 2000 la cuota de pantalla fuera superior a un 20% y hace un año apenas llegara a un 5%, mientras que otras autonómicas como TV3 contaban con un 14,3%, según informa Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media. Pese a ello, como indican trabajadores de otras cadenas o conocedores de la realidad de los medios, no sólo Canal 9 es la autonómica donde hay una gran manipulación, otras como Canal Sur, TeleMadrid y, en menor grado, TV3 también sufren cierto control mediático.

Todos estos acontecimientos, sumado a la subida del sueldo de Fabra y su demagogia al decir que prefería cerrar una televisión a un hospital cuando ya ha recortado en la sanidad valenciana, han provocado una reacción de los ciudadanos y profesionales de la comunicación. Los primeros han organizado manifestaciones como la de este sábado 9 de noviembre en la Plaza de la Virgen de Valencia mientras que los segundos se han encargado de mantener la cadena aún en activo pese a los sabotajes y presiones gubernamentales de los que están siendo víctimas y continúan informando está vez «sin miedo ni controles políticos», por lo que muchos de los periodistas que llevaban tiempo protestando y negándose a seguir con la manipulación han podido ser oídos y aquellos que acallaron por conservar su empleo han empezado a hablar y denunciar la situación.