Continúa la incertidumbre sobre el examen del Máster

Por Andreu Marin
Barcelona.
 

Los alumnos de Máster siguen angustiados ante la incertidumbre sobre la convocatoria del examen de acceso a la Abogacía y su contenido. Fuentes del Ministerio admiten que el examen no se celebrará hasta mayo de 2014,  aunque fuentes consultadas por El Jurista, indican que cabría la posibilidad que la fecha pudiese alargarse incluso hasta el mes de julio.

El Ministerio aboga por una prueba lo más objetiva posible y, en este sentido, apuesta por un examen test de elección múltiple, fácilmente corregible de forma automática. No obstante, el examen test no constará de 50 preguntas tal y como estaba previsto sino que la intención de Justicia es que se trate de un examen largo de 80 o 90 cuestiones.

Sin embargo, desde el Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE) y el Consejo General de la Abogacía parece existir un consenso respecto a la inclusión de una parte práctica (a elegir entre cualquiera de los 4 órdenes jurisdiccionales) que de sentido a la especialización de los estudiantes para que, de este modo, el Máster no sea una mera postergación de un quinto año del Grado.

Puesto que el Ministerio de Justicia es reacio a la inclusión de casos prácticos, la propuesta de ambas organizaciones podría pasar porque la parte de especialización también sea en formato test, manteniendo la idea que los estudiantes puedan elegir sobre cuál de los 4 órdenes (civil, penal, contencioso o social) quieren examinarse.

Por otra parte, el Ministerio pretendía que todos los exámenes de acceso tuviesen lugar en Madrid, habiendo recibido dicha propuesta una crítica unánime por parte de la comunidad jurídica y las universidades hasta el punto que los Colegios de Abogados  hayan ofrecido sus respectivas instalaciones.

Las expectativas no podrían ser peores para los estudiantes del Máster de Abogacía. Además, el hecho que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón esté en la cuerda floja debido a su enfrentamiento con la práctica totalidad del sector jurídico, podría propiciar su caída en la próxima renovación del Consejo de Ministros. Esta decisión podría provocar que se retrasara aún más la convocatoria de dicho examen y las materias objeto de evaluación.