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Bruselas abre una investigación sobre el Impuesto de Sociedades de Gibraltar

Por Imma Domènech.
Sabadell.

 

El pasado miércoles 16 de octubre la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación sobre el régimen del Impuesto sobre Sociedades de Gibraltar, que había denunciado España en junio del año pasado, al sospechar que se podían estar infringiendo las normas comunitarias de ayudas de estado. Desde Bruselas se cree que se pueden estar dando ventajas sin ningún motivo a empresas extraterritoriales que no se encuentran situadas en la zona. Hay que recordar que el régimen de Gibraltar reduce del 22 al 10% el Impuesto sobre Sociedades y según el propio Gobierno beneficia a las empresas que deciden registrar su domicilio fiscal, a pesar de desarrollar su actividad en territorio español. Pero además hay que tener en cuenta que hay ciertos ingresos pasivos (cánones o tipos de interés) que no se encuentran ni sujetos al Impuesto. Si la investigación confirma estas irregularidades, las ayudas ilegales concedidas tendrán que recuperarse, tal y cómo afirma el portavoz de la Competencia, Antoine Colombani. A partir de ahora las partes involucradas podrán presentar las observaciones que consideren oportunas.

La apertura de este expediente se produce después de la gran tensión que se ha vivido las últimas semanas entre las autoridades de Gibraltar y las españolas a raíz del lanzamiento de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras, que durante el verano impidió que la flota española pudiera desarrollar sus tareas laborales con normalidad. Consecuentemente comportó un endurecimiento de los controles en las fronteras. Por eso, el pasado 25 de septiembre se envió a varios inspectores a Gibraltar para que verificaran la legalidad de estos controles. Además, también se están estudiando las diversas denuncias por temas medioambientales.

Hay que tener presente que la Comisión ya declaró ilegal, en 2004, el anterior régimen del Impuesto sobre sociedades que había a Gibraltar. Decisión que fue confirmada en 2011 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exponiendo que se estaban dando unas ventajas indebidas a las empresas extraterritoriales, las cuales no contaban ni con trabajadores ni con locales en Gibraltar.

En la fase en que nos encontramos actualmente, el Ejecutivo comunitario considera que la exención fiscal por los ingresos pasivos de intereses y cánones podría ser una ayuda estatal, al apartarse del régimen general del Impuesto sobre sociedades. Esto podría conceder una ventaja especial para las empresas que tienen este tipo de ingresos. Sobre estos hechos, la Comisión sostiene que no hay “una justificación válida” para aplicar estas exenciones.

El grupo encargado de realizar el estudio analizará las diversas prácticas fiscales que se producen en el territorio para poder eliminar situaciones que sean perjudiciales a nivel de la competencia fiscal sobre el Impuesto sobre sociedades.

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