El proyecto de ley de reforma de la administración local no clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura de la administración local y no resuelto el deficiente financiación que tenemos los ayuntamientos
Después de muchos meses de consultas con los partidos políticos, de interminables versiones que modificaban puntos sin modificar el fondo real de las intenciones del gobierno central, de las recomendaciones del Consejo de Estado, que emitió un duro y crítico informe, de la posición contraria de muchos alcaldes y alcaldesas, incluso del PP, el pasado viernes, 26 de julio, el Consejo de Ministros aprobó de forma autoritaria y con soledad, al igual que lo hicieron con la reforma laboral y con la reforma de la educación, el proyecto de ley de reforma de la administración local.
Es una ley que no resuelve ninguno de los problemas que afectan a los ayuntamientos, porque no clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura de la administración local y no resuelve el deficiente financiación que tenemos los ayuntamientos.
Pendiente de que se publique en el BOE, las características más destacadas de la reforma son:
- Los ayuntamientos dejarán de tener competencias en servicios sociales. ¿Quién hará la atención domiciliaria a las personas mayores? ¿Quién hará la gestión de ayudas de emergencia a familias que lo necesitan? ¿Quién colaborará con los bancos de alimentos para que siempre dispongan de recursos suficientes? ¿Quién garantizará las plazas de residencia municipal para la tercera edad?
- Los ayuntamientos dejarán de tener competencias educativas. ¿Quién gestionará las guarderías municipales? ¿Cómo se coordinará, sin los ayuntamientos, la programación de la enseñanza?
- Los ayuntamientos no tendrán competencias en promoción económica. ¿Quién garantizará los miles de planes de empleo que hacen los ayuntamientos para los parados de este país?
- El Consejo de Estado, a raíz de su informe, ha impedido que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes traspasen competencias si no cumplen un coste estándar, pero este proyecto abre la puerta a que las diputaciones gestionen servicios esenciales como el abastecimiento de agua, la recogida de basuras, la limpieza viaria, el tratamiento de residuos o la pavimentación de vías. Esto abre la puerta a la privatización de servicios públicos.
Este ataque a la autonomía local debe tener respuesta de los partidos políticos con representación en el Congreso con una enmienda a la totalidad.
La alternativa a esta reforma requiere reclamar una delimitación clara de las competencias municipales y la financiación necesaria para prestar todos los servicios que se deriven y una estructura y un modelo de organización de acuerdo con el nuevo siglo que aporte eficacia y ahorre costes.
Los grupos políticos hemos votado contra esta reforma de manera unánime. Desde estas líneas expreso la voluntad de continuar trabajando para mantener esta unanimidad, al tiempo invito a la sociedad civil a defender los servicios públicos que presta el ayuntamiento desde la proximidad.
Antoni Guil
Alcalde de Montmeló (PSC)
