El aborto continúa siendo hoy en día uno de los temas legales más controvertidos. El componente moral, ético y político que lo acompaña provoca que en muchos casos esta práctica venga acompañada de polémica y se aprueben leyes para limitarla.
Este carácter polémico comporta que la legalidad del aborto en Europa esté lejos de ser un tema homogéneo. A título de ejemplo, pues, podemos encontrar como en Malta el aborto está totalmente prohibido, en Polonia sólo se permite para salvar la vida de la mujer o, como en los casos de Irlanda del norte, Portugal, Suiza o España, para proteger la integridad física y mental de la mujer. Algunos países, como Finlandia, Gran Bretaña o Hungría, el aborto está totalmente permitido.
El diferente tratamiento del aborto comporta un diferente uso de esta práctica. Así pues mientras en Rumanía el ratio de aborto es de 78/1000 (lo más elevado de toda Europa) países como Holanda (con libertad total para abortar) no pasa del 6.5/1000. Sin querer entrar a valorar la idoneidad, o no, de leyes que permitan un aborto libre (pues no es el objetivo de este artículo) hay que notar como en los países donde el aborto sólo está restringido a petición, es decir estando sujeto solamente al certificado de idoneidad de un médico para practicarlo, son países donde el ratio es más bajo. Y esto es, en parte, porque estos países han acompañado esta ley con planes de ayuda familiar y de medidas alternativas, dotando a las mujeres embarazadas que no quieren tener su hijo de un gran abanico de posibilidades para decidir. Son muchos los expertos que recomiendan la necesidad de dar un paso común al frente e impulsar una legislación al respecto que garantice unos mínimos ante este tipo de situación.
Uno de los países que hasta hace poco no tenía ninguna ley que permitiera el aborto era Irlanda. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo del país que garantizaba la posibilidad a las mujeres de recurrir a la práctica si su vida estaba en peligro, al no haber ninguna ley que defendiera esta decisión las mujeres se han visto forzadas hasta hace muy poco a viajar a UK o Irlanda del norte para poder abortar.
La nueva ley, pero, no ha quedado exenta de polémica. Irlanda es todavía hoy un país religioso en el que, a pesar de que las clases pudientes protestantes reclaman su identidad gaélica a pesar de tener una religión unionista, ser irlandés significa ser católico. Es por eso que si no fuera por el caso Halappanavar, la presión que la iglesia ha estado haciendo sobre el gobierno hubiera visto sus frutos y el proyecto nunca hubiera visto la luz.
Savila Halappanavar era una dentista de 31 años de origen indio que vivía a Galway. El pasado 2012, estando embarazada de 4 meses fue al hospital para abortar puesto que continuar con el embarazo le provocaría la muerte. El hospital se negó a hacer la operación y poco después ella murió de Septicemia (una infección mortal provocada por la existencia de bacterias a la sangre).
Su muerte fue mediática y, durante meses (la ley fue aprobada el pasado julio) empleada para aprobar la ley pro-aborto tanto por los activistas y feministas cómo por algunos miembros del gobierno (cómo es el caso del ministro de justicia, Allan Shatter).
Tal ha sido la dimensión del proyecto que el presidente de la república Irlandesa, Michael D.Higgins convocó el consejo de Estado para aprobar la ley y prever la posibilidad de traer la nueva ley al tribunal constitucional. Después de una reunión histórica al país (asistieron 21 de los 24 miembros, el mayor número desde la aprobación de la Constitución el 1937), se decidió tanto aprobar la ley como no traerla, por ahora, al Tribunal Constitucional.
Así pues, después de aprobarla por 127 votos a 31 (y con una polémica decisión del primer ministro Enda Kenny de expulsar de la sede parlamentaría a los miembros de su partido que votaran en contra de la ley) Irlanda se une a países como España o Portugal que permiten, en limitados casos, el aborto.
