Durante el día de hoy los magistrados de la Sección Séptima de la Sala de losContencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han planteado cuestión de inconstitucionalidad contra la criticada y polémica Ley de Tasas Judiciales promovida por el ministro Gallardón. La cuestión de inconstitucionalidad planteada está fundada en la vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” Por entenderse que existe un posible condicionamiento del acceso de los ciudadanos a la Justicia, convirtiéndose la Ley de Tasas Judiciales en un “impedimento innecesario” e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva
Aunque el auto dictado hoy en sede Contencioso-Administrativa admite la posible exigencia de una tasa, está deberá mantenerse siempre dentro de “ciertos límites y procedimientos y circunstancias, es perfectamente constitucional“, sin embargo, la Audiencia Nacional admite que no puede condicionar la exigencia de una tasa el impedimento a la mayoría de la población de ejercer el contenido normativo del artículo 24.1 de la Constitución Española.
Miquel Samper, Presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, valora para esta casa que la cuestión de inconstitucionalidad promovida hoy por la Audiencia es una muy positiva noticia para toda la sociedad dado que la Ley de Tasas causa un gran perjuicio a la mayoría de los ciudadanos, no vulnerando un solo derecho fundamental como la tutela judicial efectiva sino vulnerando, indirectamente, una larga lista de derechos fundamentales al impedir que miles de ciudadanos no puedan obtener la protección de estos a través de una efectiva tutela judicial. Sàmper, sin embargo, expone que esta noticia corre riesgo de convertirse en una bomba de humo si el Tribunal Constitucional no resuelve esta cuestión rápidamente. En este sentido, el Presidente de la Abogacía Catalana en nombre de esta insta al Tribunal Constitucional a dar prioridad a la resolución de esta cuestión por el bien de nuestra sociedad. “La ciudadanía necesita poder ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva a día de hoy, en un agravado momento de crisis económica, no de aquí 7 o 8 años”
