Narcís Serra fue designado por el ejecutivo de Montilla como presidente de la entidad Caixa Catalunya en 2005. El Abril de 2008 ingresó en el consejo de administración de Gas Natural en representación de Caixa Catalunya, sustituyendo a José María Loza, y en Diciembre de 2011 dimitió del cargo. También formó parte de otros consejos de administración como el de La Caixa o Applus. El 28 de Agosto de 2010, ya iniciada la crisis económica, y justo antes de la fusión de Caixa Catalunya con las cajas de Manresa y Tarragona, se hizo público que Sierra se había subido el sueldo. Un año después de su marcha la entidad fue intervenida por el FROB y controlada por el estado en un 90% posteriormente, debido a la gran cantidad de productos inmobiliarios tóxicos que esta acumulaba. Este es uno de los varios ejemplos de directivos de cajas y otras entidades con los que nos encontramos hoy en plena crisis.
Hace unos días, Serra comparecía en el Parlament de Catalunya. Ya había comparecido anteriormente en el Congreso de Madrid donde defendió encarnizadamente su gestión a pesar de reconocer vagamente que las cosas “no se habían hecho bastante bien“. Excusó en aquella comparecencia que el declive de las cajas se debió a una crisis global. Durante su comparecencia en el Parlament no cambió su discurso. Serra afirmó, justificando su gestión, que fue él el impulsor de un vuelco “radical” en el modelo de negocio cuando comprobó que casi todo el crédito de Caixa Catalunya y Catalunya Caixa se destinaba al apartado inmobiliario. También inició una reforma de la directiva para dar un giro a la situación. Aseguró también que los problemas de la entidad se debían a la crisis y no a la gestión de una persona o de otra, y que la falta de ayudas públicas había hecho caer en parte a la caja de ahorros.
Serra defendió que durante su gestión no se colocaron las famosas “participaciones preferentes” (valores financieros perpetuos, sin vencimiento, que sirven a los bancos para obtener liquidez y dan un beneficio a priori rentable para el consumidor). Mérito, por decirlo de alguna manera, del que no puede hacer gala Adolf Todó, sucesor de Serra, directivo proveniente de Caixa Manresa tras la fusión y que también compareció en la misma comisión de investigación del Parlament.
Durante la época en la que Todó dirigió la entidad, se otorgaron más de 70.000 participaciones preferentes. Como ejemplo sobre la desinformación de los clientes en el momento de la venta del producto, un cliente de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) explicaba que después de varios años teniendo relación con esta entidad, recibió una llamada comunicándole que le traspasarían los fondos de su producto actual a otro producto de “mayor rentabilidad“, el cliente asintió telefónicamente y días después firmó los contratos sin informarse, (confiando en el vendedor) ni ser informado del instrumento financiero que estaba comprando; cuando meses después decidió deshacer la inversión fue informado de que no podría hacerlo hasta el año 3000-cláusula legal de perpetuidad-, o que podría vender su participación en el mercado de renta fija-AIAF-, donde cotizan un 60% por debajo de su valor de compra.
Todó y Serra no mostraron arrepentimiento en ningún momento durante sus intervenciones y se sacudieron la culpa, bien acusando a sus antecesores de mala gestión, acusando la falta de ayudas, la crisis económica o bien relativizando su gestión. Serra no quiso responder cuando fue preguntado por el capital que había obtenido durante los años en que formó parte de Catalunya Caixa, lo mismo que hizo Adolf Todó. Ambos reconocieron pero que eran conscientes del “dolor” que se había causado, aunque Todó no supo cuantificarlo.
El tercero en discordia, Josep Maria Loza, que dirigió Caixa Catalunya durante más de nueve años, desde 1998 hasta 2008 también se sacudió su presunta responsabilidad. Su comparecencia se preveía interesante, ya que Serra y Todó le acusaron de ser el responsable de los problemas de la entidad. Loza aseguró durante su intervención que su actuación siempre estuvo supervisada y que contó con el conocimiento y beneplácito del consejo de la caja y de su presidente. Afirmó que él “no era el dueño de la entidad, sino un cargo que ejecutaba las decisiones que previamente habían autorizado el consejo y el presidente“. Loza recordó, además, que la caja estaba sometida a la supervisión “amplia y continuada” del Banco de España y de la Conselleria d’Economia de la Generalitat y que también tenía órganos de supervisión interna. Sobre su indemnización, Loza se limitó a decir que cumplió el contrato de alta dirección que tenía firmado, aunque pidió posteriormente que le anticiparan la parte correspondiente a la póliza de directivo que tenía que cobrar por jubilación. En total se embolsó nada menos que 10 millones de euros. No mostró en ningún momento signos de arrepentimiento o retraimiento, y se limitó a decir que “por una cuestión de fiscalidad” se comprometía a devolver una parte de su indemnización. Por si fuera poco, Loza reconoció que Caixa Catalunya tenía una sociedad filial domiciliada en las Islas Caimán, desde donde se instrumentaliza las mencionadas “participaciones preferentes”.
Todo parece indicar que hay más de lo que se cuenta y que no sólo son responsables estos altos directivos, sino también a los miembros de sus consejos de administración que en sacaron beneficio, entre ellos políticos, así como los cargos públicos y con influencia sobre la economía del Estado que no quisieron, no podían o no estaban interesados en frenar la “fiesta financiera”.
