En mayo de 2011, la Audiencia provincial de Barcelona condenaba a 6 años de prisión a los dos expresidentes de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya por malversación de caudales públicos, así como a 8 años de inhabilitación por prevaricación. Antonio Herce y Enric Roig montaron una trama para constituir un fondo de pensiones ilegal y repartir 2,7 millones de euros públicos entre diversos directivos.
El Tribunal Supremo confirmó en junio de 2012 la pena, pero la rebajó a cuatro años y medio de prisión y obligó, asimismo, a la devolución del dinero malversado en contra de la opinión del AP, que consideró que el dinero se tenía que reclamar por vía civil. Se rebajó la pena porque aunque la cuantía defraudada es importante, no existió daño al servicio público.
Meses después, los directivos pidieron al Gobierno el indulto para evitar entrar en prisión, pero este no lo aceptó. Así, ambos entraron en prisión, pero sólo 48 días después, el Departamento de Justicia de la Generalitat, mediante la Junta de Tratamiento de la Prisión, los ha clasificado en tercer grado o régimen abierto y les ha permitido vivir fuera de la prisión y sólo teniendo que acudir a dormir del lunes al jueves a la Modelo. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que eran delincuentes primarios con voluntad de satisfacer la responsabilidad civil ex delito y con un entorno social y familiar estable.
La salida en libertad de los condenados ha supuesto un escándalo en la vida política catalana, y diversos partidos han expresado su indignación por esta calificación, como ICV, que ha considerado fuera de lugar en el contexto de crisis económica y desprestigio de las instituciones y ha pedido la comparecencia de Germà Gordó, consejero de Justicia.
Además, la Fiscalía ha anunciado un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por este tercer grado, ya que no se ha cumplido la devolución de lo hurtado.
