Con la absolución y la huida de la Generalitat de Francisco Camps no acabaron los problemas para varias cabezas visibles del partido. En primer lugar, el caso Fabra ha llegado al juicio oral después de años y tras haber pasado por las manos de nueve jueces instructores. Al final se verá a Carlos Fabra en el banquillo acusado de tráfico de influencias, soborno y fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de 15 años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón.
Aun así, la sospecha todavía sobrevuela este complicado caso, pues los tres jueces que estudiarán el caso son los mismos que instaron al último instructor a anular la acusación de soborno, el cual pidió amparo al CGPJ (y el cual fue concedido). En definitiva, se está acusando a Fabra de usar sus cargos para beneficiar a Vicente Vilar a fin de obtener permisos para la comercialización de productos sanitarios, cobrándole cantidades millonarias por estas gestiones.
Quien ya está encaminado hacia su juicio oral es Rafael Blasco, quien, a diferencia de Fabra, todavía es diputado, y tenía que enfrentarse a la expulsión del grupo parlamentario popular en Les Corts, no por estar ya formalmente acusado en el caso Cooperación sino por haber hecho unas declaraciones en contra del partido y de Alberto Fabra. Aun así, ha decidido abandonar él mismo el grupo y obtener la condición de diputado no adscrito. Con este acto, evita un cisma al partido, pues no todos los miembros del grupo parlamentario habrían votado a favor de la expulsión.
Además, otro diputado autonómico que ya se había visto envuelto en problemas judiciales, Ricardo Costa, ve hoy cómo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha declarado competente para investigar una denuncia contra el diputado por prevaricación, soborno y tráfico de influencias. El ex secretario general del PPCV se encuentra en un nuevo proceso judicial, que se suma al de la causa Gürtel, donde está imputado por un delito electoral y otro de falsedad documental.
