El nuevo Tribunal Constitucional

Por Àlvaro Comajuan

Barcelona

Traducción por Àngela Francés

Francisco Pérez de los Cobos ha sido nombrado el noveno presidente de la historia del Tribunal Constitucional español. Su nombramiento pone fin a una de las renovaciones de los miembros más polémicas de la historia del Tribunal Constitucional. De nuevo los bloques ideológicos han sido imprescindibles para decidir quién ocuparía la presidencia, y en este caso, la nueva mayoría conservadora ha ayudado a su nombramiento.

No ha sido el magistrado más rodeado de polémica, pero tampoco parece que haya gustado la afiliación política de su padre, que formó parte de la candidatura de Fuerza Nueva en el Congreso en el año 1977, ni sus colaboraciones en el ámbito laboral, que es en lo que está especializado, con la Fundación FAES. Además, sus polémicas afirmaciones en contra de Cataluña en un libro (“En Cataluña no hay acto político sin una o varias manifestaciones de onanismo” o “El dinero es el bálsamo racionalizador de Cataluña) no parece que le ayuden a hacer amigos en un TC que tendrá que enfrentarse a un proceso independentista ya en marcha.

El nombramiento de Pérez de los Cobos por unanimidad sólo ha sido posible con el acuerdo de nombrar a Adelela Asúa, que forma parte del bloque progresista, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Su trayectoria también se ha visto marcada por ciertas polémicas, como su oposición a la Ley de Partidos aprobada por el Congreso en 2002 que supuso la ilegalización de Batasuna y su apoyo a la coordinadora Gesto por la Paz, ya disuelta, pero que realizó durante muchos años una gran labor por el fin de la violencia en el País Vasco.

Pero si los últimos días han tenido un protagonista dentro del contexto de esta renovación, este ha sido sin duda Enrique López. En primer lugar, muchos lo han considerado excesivamente partidista (ha sido nombrado por el Gobierno del PP y se le considera muy afín a este partido), y además se ha considerado, en virtud de un informe de los letrados del Senado, que no cumple los requisitos legales y constitucionales exigidos para ser miembro del Alto Tribunal, pues no ha llegado a los 15 años de ejercicio activo. Durante 3 años el PP ha presionado de todas las maneras posibles para conseguir lo que ya es una realidad, que el ex magistrado de la Audiencia Nacional (y no del Supremo, primera vez en la historia que esto ocurre), el hombre que comparó el matrimonio homosexual con el matrimonio entre un hombre y un animal, ya sea, al fin, miembro del nuevo Tribunal Constitucional.