En pocas ocasiones han estado tan repletas las portadas de los diarios o las de los informativos como lo están estos últimos días de noticias relacionadas con la corrupción política.
Por desgracia, ya no sorprende encontrarse cada día con alguna noticia de este tipo en algún medio de comunicación.
No sorprende, pero a tenor de encuestas como, entre otras, las del Centre d’Estudis d’Opinió, sí que indigna en gran medida y provoca entre los ciudadanos una generalizada sensación de desconfianza hacia sus representantes políticos, sin excepción de ninguna clase.
Es cierto que los casos de corrupción se circunscriben frecuentemente a determinados grupos políticos y que no se puede hablar de corrupción generalizada de todos los representantes públicos, pero también es cierto que esta percepción se ha extendido entre la ciudadanía ante el elevado número de casos de este tipo que salen a la luz, gracias por otra parte a los medios de comunicación, instrumento fundamental de las sociedades democráticas.
Es responsabilidad de todos los partidos abordar con contundencia ética pero también jurídica estas situaciones, ya que una sociedad que tiene motivos para desconfiar de los políticos que la representan en las instituciones tendrá mucho más complicado avanzar en la profundización democrática en todos sus ámbitos, generándose una cada vez más progresiva y perniciosa desafección de los ciudadanos por los asuntos públicos y un enquistamiento del propio problema de la corrupción.
En este sentido, aparte de las medidas puramente ético-políticas que deben acordar los partidos en relación, por ejemplo, con el establecimiento de controles internos, o el compromiso público de no inclusión en las listas y separación de las responsabilidades públicas de las personas imputadas en procedimientos penales, existen también mecanismos jurídicos que se mostrarían sin duda eficientes para evitar la reiteración de estos casos y para regenerar la confianza de los ciudadanos.
Así, y en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que ya existe desde hace pocos años en nuestro ordenamiento jurídico, sin duda es una medida positiva la muy reciente entrada en vigor de la modificación del Código Penal que ha incluido a los partidos políticos también como sujetos penalmente responsables, medida que la formación que presido propuso ya en 2010.
Por otra parte, debería tipificarse como delito específico la financiación irregular de los partidos políticos.
Otra modificación legal que sería efectiva en este sentido sería el establecimiento de una responsabilidad civil subsidiaria específica y objetiva de los partidos políticos por las conductas delictivas cometidas por aquéllas personas que ostentasen el cargo público en representación del partido. Esto sin duda tendría dos beneficios directos: por un lado se pondrían en marcha o se intensificarían los mecanismos de control interno en las formaciones políticas y por otra parte existiría la oportunidad de recuperar con mayores posibilidades de éxito las cantidades en su caso defraudadas al erario público.
En aras a la transparencia y a la generación de confianza, y más allá de la corrupción como tal, una medida que tendría un efecto muy positivo sería la prohibición de las donaciones a partidos políticos efectuadas por sociedades mercantiles, de tal manera que solo serían admisibles las donaciones de personas físicas.
También en la misma línea, sería muy positiva la creación por Ley de un registro público y unificado de las subvenciones y asignaciones públicas y de los importes de las donaciones que reciban los partidos políticos y sus fundaciones que permitiera a los ciudadanos acceder a esta información sin ningún tipo de traba u obstáculo.
Las anteriores medidas en el ámbito jurídico, complementadas con otras igual de necesarias tomadas desde la perspectiva estrictamente política y ética, son fundamentales hoy para lograr el doble objetivo de, por un lado, eliminar la corrupción política de las instituciones y consecuentemente del centro del debate público y, por otro, recuperar la imprescindible confianza de los ciudadanos en las instituciones de su sistema democrático.
Por todo lo anterior, el partido político que represento ha propuesto al resto de formaciones con representación en el Parlament de Cataluña la suscripción de un Pacto al respecto.
Albert Rivera
President de Ciutadans – Partit de la Ciutadania i Diputat al Parlament de Catalunya.
