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Conflictos territoriales en América del Sur

Por Arnau Martí.
Traducción por Àngela Francés Gandia.
 

El hecho de que actualmente podamos encontrar a la armada boliviana en el lago Titicaca es una de las consecuencias de la guerra del Pacífico, un conflicto armado que se desarrolló entre 1879 y 1883, que enfrentó a la República de Chile contra la República de Bolivia y la de Perú, y en el que se disputó una importante extensión territorial costera (120.000 kilómetros cuadrados de superficie y 400 kilómetros de costa) de donde se obtiene el salitre, un mineral utilizado para obtener nitrato de potasio (muy utilizado en fertilizantes).

Después de años de relativa convivencia, Bolivia hizo renacer el conflicto al reivindicar la soberanía de las tierras de Atacama en el 2011 (las cuales antes del conflicto eran suyas y le permitían tener acceso al océano Pacífico). Primeramente Evo Morales, presidente de Bolivia, reclamó a su homólogo chileno una propuesta para solucionar el problema marítimo de su país y, cuando este último no presentó ninguna respuesta concreta y factible, anunció que demandaría a Chile a los Tribunales Internacionales para que atendieran su reclamación. Posteriormente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de septiembre de 2012, Chile y Bolivia protagonizaron un intenso intercambio de palabras sobre la aspiración boliviana de recuperar un acceso al mar y la interpretación jurídica de cada país al respecto. La tensión fue en aumento cuando en enero de 2013 tres soldados bolivianos fueron detenidos por la fuerza policial chilena acusados de entrar en el territorio de Chile (estos tres soldados fueron liberados posteriormente en un procedimiento judicial chileno), pero el hecho clave ha sido la materialización de la amenaza; la demanda que Bolivia presentó el pasado 24 de abril contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para reclamar su reincorporación en la salida al mar.

Fuente: www.pachamamaradio.org

Por lo tanto, el quid de la cuestión es saber  hasta qué punto los países pueden reclamar las partes de territorio que han perdido en conflictos armados y qué pasa cuando este terreno es considerado legítimamente parte del país ganador de la guerra.

En principio la respuesta es clara: la mayoría de países del mundo se han formado a base de conquistas y, a pesar de que arrebatar unas tierras por la vía armada no está aceptado por la comunidad internacional y que no hay ningún acuerdo sobre cuándo un territorio conquistado se considera legítimamente parte del país que lo ha ganado, la existencia de tratados firmados por vencedores y vencidos donde figuren la distribución/repartición/donación de unas tierras es, para la Comunidad de Naciones, suficiente para disuadir reclamaciones. Sin embargo, tal y como apunta el experto sobre América Latina de la Escuela Naval de los EE.UU., Arturo Sotomayor, eso no significa que haya casos en los que una sociedad lleve siglos reclamando una separación formal del territorio del que actualmente forman parte de forma legítima.

En este sentido, respecto a reclamaciones territoriales, América Latina es la región del mundo que ha llevado más disputas en la Corte Internacional de La Haya (4 de los 10 casos de los que solamente se tiene que emitir la sentencia afectan a países sudamericanos). Sin ir más lejos, en una sentencia de finales del 2012, la CIJ favoreció a Nicaragua en el hecho de aceptar su cuestionamiento (y por lo tanto replanteamiento) de un tratado de delimitación marítima firmado con Colombia.

Y es que a veces no es fácil convivir con los vecinos. Al igual que el caso Nicaragua-Colombia, la mayoría de disputas territoriales que se han llevado ante la CIJ tienen que ver con un desacuerdo con tratados limítrofes firmados en la época colonial derivados de conflictos armados, como el caso entre Honduras y El Salvador, en el cual en el 2002 el CIJ ratificó que Honduras tenía que recuperar dos tercios del terreno reclamado (sentencia que todavía no se ha cumplido). Otro ejemplo de disputas “vecinales” es la que llevó a Perú y Ecuador a recurrir a una mediación internacional (siempre hecha por los EE.UU.) para resolver su disputa sobre una porción del Amazonas.

Sin embargo, el mejor ejemplo lo encontramos en la demanda que Perú puso contra Chile en el 2008. A diferencia de los ejemplos anteriores, Perú también perdió su territorio a causa de una guerra, por lo que el asunto a resolver ya no es sobre la legitimidad de un tratado sino sobre la posibilidad de recuperar partes de un territorio por parte de un país perdedor. En conclusión, una postura favorable a los intereses de Lima allanaría mucho el terreno a las pretensiones de Sucre, ambos contra Santiago.

La demanda ha sido presentada y admitida, por lo que está en manos del Tribunal Internacional decidir sobre la cuestión. Un tribunal que, si falla de forma favorable a los intereses de Bolivia sentará un precedente importante para el resto de países que perdieron territorios en las guerras.

En definitiva, los conflictos decimonónicos de las burguesías locales por recursos como el salitre, muy valiosos en su momento sobre todo en  el mercado mundial, hoy alimentan la disputa por recursos naturales más modernos (al igual que poder y presencia marítima), así como energéticos y alimenticios. Bolivia se ha gastado una gran partida presupuestaria al contratar un equipo de expertos que han tardado 2 años en presentar la demanda y ya ha declarado que, al igual que Chile, no escatimará en gastos para conseguir su pretensión. A pesar de todo, los habitantes de esta zona conflictiva siguen bajo un común denominador de dependencia, pobreza y subdesarrollo a los que no parece que las autoridades vayan a poner fin.

Además, no nos tenemos que olvidar de que mientras el asunto no se resuelva, las más de 5.000 embarcaciones con las que cuenta la armada boliviana tendrán que seguir flotando en el 44% que tienen del lago Titicaca: 3.790 km2.

A menos que se inicie un proceso para conseguir la totalidad del lago, claro.

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