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Tribuna

Voz Joven

“Las tasas judiciales son injustas y disuasorias”

Por Nuria Orriols.
Barcelona.

 

El Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, explica los retos de la internacionalización de la abogacía y se muestra combativo con las reformas impulsadas desde el Ministerio de Justicia.

Tiempo de crisis, conocer. Tiempo de crisis, contactar. Tiempo de crisis, exportar y salir del cascarón. Moverse, ampliar redes y fijarse en el mercado exterior. Éstas son las claves para superar el callejón sin salida, o eso dicen los expertos: el mundo se ha hecho pequeño y la globalización se manifiesta en todas las profesiones, también en la abogacía. Pedro L. Yúfera lo tiene claro y por eso la internacionalización es su apuesta como Decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) desde los inicios de la actual Junta de Gobierno. Es importante crear red fuera, sí; también lo es no desvincularse de los vínculos de aquí. A raíz de las múltiples reformas propuestas por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, el ICAB está en pie de guerra en contra de lo que consideran un mal favor al sistema judicial: “Las tasas limitan el acceso a la justicia y al mismo tiempo vulneran el derecho constitucional de los ciudadanos”. Su posición es firme.

La globalización arrastra a las profesiones a internacionalizarse, también a los abogados. En definitiva, al derecho en sí. ¿En qué consiste este cambio en el oficio y como lo encaran desde el actual decanato? La globalización es un hecho, y es difícil pensar que alguien puede ejercer la profesión limitándose al derecho interno, porque actualmente todo está relacionado. Imaginemos una empresa con sede en Barcelona, que tiene proveedores en Alemania y que al mismo tiempo tiene clientes en Singapur. En caso de conflicto, el abogado encargado de llevar el caso tendrá que ser capaz de asesorar con conocimiento de causa a su cliente. Es por esto que desde el Colegio de Abogados de Barcelona promovemos el networking, porque creemos que el oficio en red internacional es la herramienta para ofrecer soluciones en el mundo de hoy.

¿Es eso una cuestión de grandes despachos? No, en absoluto. No se necesitan grandes estructuras para establecer contactos, sólo se necesitan personas. Además, nuestro objetivo es precisamente internacionalizar los pequeños y medianos despachos.

Y para hacerlo uno de los acontecimientos que organiza el ICAB es la II Feria Internacional de la Abogacía en Barcelona de los días 13 al 15 de febrero. ¿Es esta una de las herramientas para conseguir esta globalización de la profesión? ¿Cómo lo harán? Sí, éste es uno de los muchos instrumentos para hacerlo. Claramente, es una Feria dedicada a vender abogados. El acontecimiento debe ser un espacio donde los abogados puedan presentarse, establecer contactos, conocer compañeros de profesión de otros países, etcétera. El intercambio de experiencias internacionales tiene que ser la pieza clave y central de la próxima Feria de la Abogacía de Barcelona de este febrero.

La internacionalización de la abogacía parece ser un proceso inevitable. ¿Lo tendría que ser también la agilización de la justicia? La percepción de la ciudadanía es que la justicia es lenta, y una justicia lenta puede no ser justicia. La justicia es lenta, sí, y a veces muy lenta, pero esta es una cuestión de recursos: materiales, económicos y humanos. Necesitamos los medios para acelerar el proceso, las nuevas tecnologías deben introducirse en la Oficina Judicial, hay que implantar el expediente electrónico, tener una mejor organización interna, etcétera. Esto ayudaría a agilizar el sistema judicial.

Pero eso requiere inversión, y ahora los recortes afectan a todos los ámbitos. Sí. Y, como consecuencia, a las reformas necesarias se las lleva el viento.

Lo que sí que se les ha ocurrido son las tasas judiciales. La inversión se recorta y los ciudadanos pagan doble. ¿Qué piensa de la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia? Las tasas judiciales son injustas y disuasorias, limitan el acceso a la justicia y al mismo tiempo vulneran el derecho constitucional de los ciudadanos.

¿Vulneran la Tutela Judicial Efectiva? Sí. Además, el Tribunal Constitucional (TC) ya se ha pronunciado en este sentido: “El gravamen de los procesos judiciales no puede ser nunca tan elevado como para que impida el acceso a la justicia”.

Sin embargo, el articulado de la ley lo plantea como una cuestión de equidad: “Sea el coste de la Administración de Justicia apoyado por aquellos que se benefician de ella”. ¿Qué tiene que decir? Los ciudadanos ya pagamos impuestos, y al final no sé para qué servirán. Desde el Colegio de Abogados de Barcelona y el Consejo de la Abogacía Catalana ya hemos emprendido acciones para combatir la reforma. Desde estas dos instituciones hemos presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la Orden Ministerial que regula el pago de las tasas, y también hemos entregado más de once mil firmas al Síndico de Agravios.

El gobierno español recurrió al TC las tasas judiciales catalanas, que ahora se encuentran en suspensión cautelar. ¿Cree que es una cuestión política o jurídica? Cataluña impuso tasas destinadas a gravar los recursos utilizados para la administración de justicia, teniendo en cuenta que la Generalitat tiene las competencias delegadas. En cambio, las tasas del Estado gravan el acceso a la justicia en sí mismo. Hablamos de cosas diferentes, y al final en Cataluña se volvía a pagar doble…

Aun así, hay quien podría pensar que Madrid entra en contradicciones haciéndolo. Yo pienso que el recurso es para evitar una discriminación de los ciudadanos de Cataluña respecto a los del resto del Estado, ya que, de lo contrario, se creaba una doble imposición que va en perjuicio de la igualdad de los ciudadanos.

Para compensar las tasas judiciales desde el Ministerio se quiere reformar la asistencia jurídica gratuita y ampliar el colectivo beneficiario. ¿Lo consiguen? No, no compensa de ninguna manera. El anteproyecto no garantiza el pago ni la retribución digna para los abogados del turno de oficio. Actualmente estos profesionales ya tienen problemas para cobrar, aparte de que cada vez cobran menos. No tiene sentido ampliar el conjunto de personas susceptibles a recibirla si no la puedes pagar. Además, también se incluyen en la gratuidad determinados casos, como la violencia de género o accidentes de tráfico, sin tener en cuenta la renta de los afectados.

¿Con la crisis ha aumentado la demanda de la asistencia jurídica gratuita? Al principio aumentaba, sobre todo con los despidos. Ahora ya cae el número de actuaciones judiciales; este año ha disminuido un 8,7%.

¿Quién se dedica a ser abogado de oficio? Existe el mito de que la mayoría son abogados que se acaban de graduar y con poca experiencia. Sí, eso son mitos. Hicimos unos estudios en los cuales demostrábamos que eso es una fábula, ya que la media de edad de los abogados estaba en cuarenta años. Unos lo hacen porque acaban de salir de la carrera, otros por compromiso social y otros para complementar su trabajo en el ámbito privado. Antes de acceder son necesarios como mínimo tres años de ejercicio.

¿Cómo ha afectado a la crisis a los abogados? En general cobran menos y más tarde. La competencia es dura y los abogados deben adaptarse a las rebajas, la gente no puede pagar o sólo puede pagar poco. De aquí viene la guerra de precios.

Para salir del callejón sin salida económico se están aplicando medidas liberalizadoras en España, y De Guindos presenta un borrador sobre una propuesta de ley de liberalización de los servicios que afecta la colegiación de algunas profesiones. ¿Qué le parece? De momento, un desastre. En principio sólo tenemos un borrador del ministerio de Economía en el que se insinúa que parte de los problemas de competitividad de la economía española se deben a los Colegios Profesionales. Esto no tiene ningún sentido.

¿Por qué? En este momento no es lo más urgente. Una de las medidas que proponen es retirar el examen de acceso a la Abogacía.

Sí, después de seis años y de un debate intenso entre el colectivo de los juristas se propone, ahora, retirarlo. Exacto, fue un proceso convulso, y después de todos los cambios ahora lo quieren retirar. Repito: no tiene ningún sentido.

Aun así, el ministro presenta la propuesta como una solución a la competitividad. Decir que el examen de acceso a la abogacía limita la competencia es una aberración. Si saca adelante el planteamiento actual de la reforma de la ley de liberalización de servicios podremos decir que somos más incompetentes que el resto de Europa.

También se plantea hacer compatibles las profesiones de abogado y de procurador. ¿Qué opina al respecto? La reforma es indiferente si la profesión de procurador continúa con las funciones actuales.

¿Cuál tendría que ser el papel del procurador? Los procuradores, con las nuevas tecnologías, han perdido la razón de ser. Desde el Colegio proponemos dotarlos de competencias que actualmente desarrolla la administración: los trámites de notificaciones o embargos, por ejemplo. De esta manera podremos agilizar los trámites, sacar carga económica y de personal a la administración de justicia, y acelerar los procesos judiciales. En definitiva, ganaríamos tiempo y ahorraríamos dinero.

Y para acabar, cita textual del borrador sobre la ley de liberalización de los servicios: “un mapa colegial confuso, excesivamente territorializado en algunas profesiones y conflictivo”. ¿Es una nueva excusa para recentralizar? Éste es mi temor. Si la idea es eliminar los Colegios profesionales para quedarnos con uno único y nacional, vamos mal. Las personas queremos estar cerca de los órganos de poder y de las instituciones; el principio de subsidiariedad es clave para la buena relación entre el ciudadano y la administración.

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